La Generalitat catalana identifica 3.722 fincas que la Iglesia inscribió a su nombre sin tener la propiedad
La Iglesia dispone de estos inmuebles gracias a una ley aprobada en 1946, en época de Franco, y que equipara a obispos y notarios
La Generalitat de Cataluña crea un grupo de trabajo para identificar y exigir la recuperación de los bienes
El arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, responde que "nunca se ha vulnerado la ley, de ninguna manera"
Entre 1946 y 2015, la Iglesia Católica inscribió 3.722 inmuebles a su nombre, sin disponer de ningún título que acreditara su propiedad. Así lo recoge el conjunto de registros de la propiedad de toda Cataluña. La mitad de dichas construcciones son dedicadas al culto: templos, ermitas, cementerios, capillas o santuarios. El resto pertenece a terrenos rústicos (41%) y edificios no religiosos (9%), como garajes o palacios.
Más de la mitad de estas propiedades se encuentran en la provincia de Lleida. La siguen Barcelona, con casi un 20% de los inmuebles, Tarragona (13%) y Tarragona (10%). La comarca con más construcciones es el Pallars Sobirà, mientras que Olesa de Bonesvalls y Pont de Suert son los dos municipios con más inmuebles en el registro, del 593 total.
Una ley que equipara a obispos y notarios
Esta problemática tiene su origen en la Ley Hipotecaria que se aprobó en 1946, en época franquista. Dicha ley define las inmatriculaciones, es decir, el registro de un inmueble por primera vez. El artículo 206 de la ley establecía que, desde el día de su aprobación hasta el diciembre de 2015, la Iglesia, igual que la Adminsitracicón, podía inmatricular una finca o espacio aunque no tuviera ningún título que acreditara su propiedad.
Esta norma ayudaba al hecho que las autoridades eclesiásticas solo debían presentar un certificara que hiciera constar el título o método con qué los bienes eran adquiridos, y no la legitimidad de su pertenencia.
La Generalitat de Cataluña denuncia la situación
Por primera vez, una administración hace pública la lista de estos inmuebles pertenecientes a la Iglesia. En 2013, se estudió este asunto en la Resolución 419/X del Parlament, pero el Gobierno español la pasó por alto. Sin embargo, tanto el gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez han dispuesto de la lista de todos estos bienes inmatriculados de la Iglesia desde el 6 de febrero de 2018.
Por ello, el Departament de Justícia promueve ahora la creación de un grupo de trabajo para identificar y exigir la recuperación de los bienes. Este grupo de trabajo se pondrá en funcionamiento el próximo mes de setiembre, con la participación de distintos órganos de l'Administració y la Generalitat competentes en materia de registros de propiedad y patrimonio.
El arzobispo de Urgell defiende las inmatriculaciones
La respuesta de la comunidad eclesiástica a las acusaciones de la Generalitat no se ha hecho esperar. El arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, ha defendido en un vídeo colgado en YouTube que la Iglesia "no se ha apropiado indebidamente de ninguna propiedad". Así, ha defendido la legalidad de las inmatriculaciones realizadas en Cataluña.
Vives ha asegurado que le parece "muy bien" que se elabore un mapa de las inmatriculaciones -su diócesis es una de las que más presenta-, pero ha remarcado que "nunca se ha vulnerado la ley, de ninguna manera". El arzobispo ha considerado, además, "muy injusto" que se trate de esta manera al clero, cuando ha mantenido durante siglos edificios y obras de arte.