Teddy Bautista, en el banquillo de los acusados: juzgado, tras 9 años, por el desvío masivo de fondos de la SGAE

Tras nueve años a la espera de juicio, el expresidente del Consejo de Dirección de la Sgae, Teddy Bautista, se sienta este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de desvío de fondos por el llamado caso Saga, por el que la Fiscalía le pide siete años de prisión y una multa de 135.000 euros.

Hasta mañana no emperzarán a declarar los principales acusados: el expresidente de la SGAE y su mano derecha, José Luis Rodríguez Neri, que se enfrenta a 12 años y medio de prision.

Las defensas han intentado evitar el juicio tachando el proceso de "inquisitorial" y han pedido la "nulidad plena" de muchas de las pruebas que incluía, como las intervenciones telefónicas de las que fueron objeto Bautista y los otros nueve acusados (una de las acusadas ha fallecido) con los que comparte banquillo por presuntamente haber puesto en marcha "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE".

Todo comienza en julio de 2011, cuando Bautista es detenido, junto al que fuera director de Sdae (filial digital de Sgae), José Luis Rodríguez Neri, y otras siete personas, en el marco de una operación que investigaba el desvío de fondos a través de esta filial digital. 

Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción ha intentado demostrar la existencia de esta trama, presuntamente "autorizada, consentida y también impulsada por Bautista". Él, sin embargo, siempre ha defendido su inocencia.

La respuesta la dará la justicia tras la vista oral del caso Saga, que ha arrancado este 14 de septiembre en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional y se prevé larga.

Según el escrito de conclusiones provisionales la trama habría cometido delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

Tándem Bautista-Neri

En el escrito, el fiscal apunta que Bautista -que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años- dispensó "en todo momento un trato preferencial" a Neri, quien mantuvo una posición de "privilegio" debido a su cercanía con Bautista.

Precisa que fue Bautista quien introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo tecnológico por las que recibió millones de euros causando "perjuicios y pérdidas constatados" para la sociedad de autores. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.

El afianzamiento de Microgénesis como "sociedad de trato preferencial" de la SGAE se fortaleció "de modo imparable" en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.

Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una "malla societaria" con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un "inequívoco lucro ilícito" para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.

Perjuicio de 47 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.

La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.

SDAE, Una estructura "superflua y nociva"

El escrito resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del juzgado de primera instancia, y la convirtieron con el paso de los años "en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE".

Además, los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una "permisividad excepcional" incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.

Anticorrupción expone igualmente que el monto total de perjuicio causado entre los años 2003 y 2007 de la SDAE a la SGAE fue de 2.099.095,13 de euros debido, en gran parte, al impulso que los acusados pretendían dar a TESEO, un proyecto para potenciar la promoción de contenidos en la red y sistema "ilícito desde su origen" para la Fiscalía.

Los acusados 

Entre los otros diez acusados se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE-, para el que se solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.

La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa.

Otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.

La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar "la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis", empresa de su padre.

Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones seis años y un mes de cárcel así como 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.