El Barçagate: la presunta trama para ensuciar la imagen de los jugadores blaugrana en las redes sociales
Seis directivos dejaron sus cargos al ver que se habían troceado los contatos de las campañas para evitar su control
Este mes de febrero ha hecho un año desde que se destapó el escándalo. El llamado Barçagate es una campaña de difamación supuestamente promovida por el propio club en las redes sociales para atacar y difamar a personas de diferentes ámbitos del entorno de la entidad. Entre ellos varios destacados jugadores.
Se materializó mediante la contratación de una empresa llamada I3 Ventures, una consultora especializada en big data, cuya función era, según defendió el club tras las primeras acusaciones, crear estados de opinión en las redes sociales para proteger la imagen de presidente Josep María Bartomeu.
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La información develada por la Ser desveló, sin embargo, que se habían dedicado parte de los recursos a difundir mensajes para desgastar al imagen de futbolistas en activo como Leo Messi y Gerard Piqué; a antiguos técnicos y miembros de la plantilla, como Pep Guardiola, Carles Puyol o Xabi Hernández y a otras personas relacionadas directa o indirectamente con el club como Joan Laporta, Víctor Font o Jaume Roures.
Bartomeu intentó tapar de primeras los hechos, pero luego admitió que la empresa estaba contratada desde 2017. Anunció la anulación el contrato y una auditoría. El informe de Price Waterhouse Cooper negó que el club hubiera promovido ningún tipo de campaña de difamación o acoso, ni a los jugadores ni a personas del entorno del Fútbol Club Barcelona.
Tras destaparse el Barçagate, en abril de 2020., seis directivos de la junta del presidente Bartomeu presentaron su dimisión ante notario. El motivo principal de su renuncia fue la confirmación de que se habían troceado los contratos para la realización de las campañas para evitar el control de la junta directiva.
Según las informaciones periodísticas, el Fútbol Club Barcelona acordó con I3 Ventures el pago de un millón de euros por sus servicios, que se fraccionaron en cinco partes de 200.000 euros. Cada una de esas partes debía ser asumida por cinco departamentos del club, aunque una de estas secciones se negó a llevar a cabo el pago al no estar conforme.