El Juzgado admite a trámite la demanda de OCU contra Apple por la obsolescencia de iPhone 6
OCU exige indemnizaciones para los afectados por un importe que oscila entre los 99 y 189 euros
La Organización de Consumidores presentó una demanda colectiva para defender a los afectados por la obsolescencia programada del iPhone 6, que afectaría a 400.000 usuarios en España
El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda por por prácticas comerciales engañosas
El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda colectiva presentada por la Organización de Consumidores (OCU) contra Apple para defender en juicio a todos los afectados por la obsolescencia programada en la gama de iPhone 6. La organización considera que 400.000 usuarios estarían afectados por unas prácticas comerciales que tilda de “injustas, engañosas y agresivas” y reclama compensaciones para cada afectado que oscilan entre los 99 y 189 euros.
OCU acusa a la compañía tecnológica de actuar de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Considera, además, que Apple actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías y que manera deliberada condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que se cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
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Compensación económica para los afectados
Por eso, la organización de consumidores presentó el pasado mes de mayo una demanda colectiva en la que solicitaba a Apple una compensación entre 99 y 189 euros, que se calcula sumando el importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
Esta acción judicial se enmarca dentro de la campaña que la Organización de Consumidores y Usuarios puso en marcha para animar a los usuarios afectados a luchar contra la obsolescencia programada y anima no solo a los afectados directos sino a todos aquellos consumidores que no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones deliberadas en contra sus derechos a que se unan a la campaña y que den su apoyo necesario para poner freno a estas prácticas que de una manera o de otra nos perjudican a todos.
OCU recuerda que asumirá el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno. En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso. OCU confía en que la justicia ponga freno a estos comportamientos lesivos para los consumidores afectados y la sociedad en general.