Los transportistas anuncian este lunes si repiten la huelga indefinida que sembró el caos en primavera

Estantes de leche vacíos en los supermercados; cerveza buscada como artículo de lujo; ganaderos sin pienso que dar a sus animales; cientos de comercios esperando los suministros adquiridos pero que no llegan; fábricas, como Calvo, Cuétara, Azucarera o Danone, que detienen su producción por falta de materias primas; sin pescado en los mercados; carreteras bloqueadas por decenas de camiones...

La amenaza de volver a asistir al escenario caótico vivido durante el pasado mes de marzo por la huelga de transportistas podría repetirse, a pocos días del Black Friday y con las navidades en el horizonte.

Este lunes, la Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el anterior anunciará si vuelve a paralizar el sector.

Así, darán a conocer el resultado de la votación que han llevado a cabo este fin de semana en sus delegaciones provinciales. El pasado sábado, los delegados se mostraron favorables a una nueva protesta, pero su decisión debía contar con el aval de la mayoría de los miembros de la Plataforma.

La decisión de retomar los paros se produce después de un análisis de situación en el sector tras las medidas que el Gobierno aprobó la pasada primavera en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Entre essas medidas, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

Sin embargo, Plataforma sigue denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.