Tope a los precios o rebajas de IVA: los gobiernos europeos estudian cómo frenar la subida de los alimentos

El Ejecutivo espera que los precios de los alimentos bajen "lo antes posible" mientras Podemos pide fijar un máximo para los productos básicos
La distribución asegura que imponer un tope a los precios llevaría a pérdidas al conjunto del sector en nueve semanas
Los productores rechazan establecer un precio máximo y alertan de los desajustes que puede causar en toda la cadena alimentaria
La subida de los precios de la alimentación se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores y en un quebradero de cabeza los gobiernos europeos, que tratan de contener los incrementos y mitigar el impacto que está teniendo en las economías domésticas. En España, el Ejecutivo, en un año con importantes citas electorales, espera que la reducción del IVA aprobada para algunos productos comience "lo antes posible" a rebajar los precios de la cesta de la compra.
Sin embargo, desde el entorno de Podemos se insiste en la necesidad de establecer un tope a los alimentos básicos y proponen que el precio máximo de estos se fije en los niveles que tenían en febrero del pasado año, antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Una propuesta que no ha sido bien recibida por el sector alimentario.
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Ni los productores ni las empresas de distribución comulgan con esta medida, que consideran que no servirá para frenar los precios a los consumidores y puede causar fuertes desajustes en la cadena alimentaria. Los primeros advierten de los efectos que podría tener en el abastecimiento y los segundos, de las pérdidas que provocaría en el sector en solo dos meses de aplicación.
Los productores temen que les repercutan el tope
El precio de los alimentos aumentó un 15,7% en diciembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, diez puntos más lo que lo hizo la tasa general de inflación y se centró en algunos de los productos más básicos de la cesta de la compra. Las subidas provocadas por el efecto de la sequía, el aumento de la energía, y la escasez de algunos productos (sobre todo, cereales), no han hecho sino acelerarse en la última mitad del pasado año.
Es en este entorno en el que Podemos ha propuesto establecer un tope máximo que devuelva los precios a su nivel de hace diez meses, una propuesta que no ha encontrado apoyo en los integrantes de la cadena alimentaria.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos consideran que la medida no está desarrollada, “no ha sido demasiado reflexionada”, y expresan sus dudas sobre cómo ese límite podría aplicarse sin que acabe perjudicando a los pequeños y medianos productores.
“Desde el campo compartimos la preocupación por la subida del precio de los alimentos y por esta espiral inflacionista que se debe a una guerra y al encarecimiento de todos los costes energéticos y de los fertilizantes. Pero esos costes deben cubrirse, no puede correr con ellos el sector productor”, señalan y recuerdan que se acaba de reforzar la ley que regula los precios que recibe el sector primario para evitar que estos sean injustos.
También en COAG expresan su preocupación a que la distribución acabe reduciendo el precio que paga a sus proveedores para mantener sus márgenes y advierten de que puede acabar provocando otros problemas. “Ahora se exporta en torno al 65% de la producción, sobre todo cítricos y hortalizas de invernadero, si se pone un tope al mercado español y el de exportación es más alto, los productos se irán fuera”, advierte Andrés Góngora, responsable del sector hortofrutícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
La distribución alerta de pérdidas
Si los productores, al comienzo de la cadena alimentaria, no aprueban la propuesta de establecer un precio máximo para los alimentos tampoco lo hace el sector que está al final, el de la distribución. Estas empresas, a las que tanto Podemos como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, han responsabilizado de la subida de los precios que pagan los consumidores, aseguran que el aumento de los costes de los últimos meses está “erosionando” sus negocios, ya que la elevada competencia hace que se opere con márgenes muy bajos.
Así, desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), han calculado que el aumento de los precios industriales durante el pasado año ha hecho que las 22 primeras empresas de distribución alimentaria tuvieran que gastar 8.400 millones más el año pasado en costes de aprovisionamiento.
En este contexto, consideran que imponer un tope de precios a la distribución, que no podría trasladar el aumento de los costes, supondría llevar al sector a números rojos en poco más de nueve semanas.
Problemas comunes en la UE y soluciones diferentes
El aumento de los precios de los alimentos ha sido una consecuencia generalizada en toda Europa del incremento del precio de los productos energéticos. Así, los últimos datos publicados por Eurostat señalan como el incremento interanual registrado en España está por debajo del de la Unión Europea y del de la Eurozona.
La inflación de la alimentación en España a finales del pasado año se situó solo tres décimas por encima de la registrada en Grecia, donde el Gobierno aplica desde el pasado mes de noviembre un techo flexible a precios de 51 productos básicos en las principales cadenas de supermercados y comenzará a subvencionar durante seis meses el 10% del precio de la compra de cada ciudadano.
Aquí el Ejecutivo confía en que las subidas empiecen a frenar con la rebaja del IVA del 4% al 0% que desde comienzos de enero se aplica a productos de primera necesidad como pan, harina, lácteos, huevos o frutas y que está acompañada de una reducción del tipo reducido al 5% para aceite y pastas.
También Alemania, que apostó por emplear 200.000 millones de euros para hacer frente al impacto de la inflación en empresas y consumidores se está planteando eliminar el IVA de los alimentos más saludables, una medida que sí afectaría a frutas, verduras y legumbre, pero no a grasas ni harinas.
En Francia, el Ejecutivo de Emmanuel Macron acaba de anunciar que está estudiando la creación de una cesta "antiinflación" con productos de primera necesidad a bajo coste, que sería adoptada de forma voluntaria por las empresas de distribución.
Se trataría de una medida similar a la que planteó tras el pasado verano la ministra de Trabajo; Yolanda Díaz, (inspirada, precisamente, en una política puesta en marcha por el presidente Sarkozy en 2011) y en la que volvió a insistir este lunes, con la que intención de que la contención de los precios de los alimentos tenga "un efecto inmediato".