España inicia su cruzada europea para defender el plan para bajar la luz

En negrita y subrayado. El Gobierno ha querido dejar clarísimo esta semana a Bruselas que el plan de choque aprobado para bajar el precio de la electricidad respeta las reglas de los mercados mayoristas europeos. Por eso ha destacado así sus argumentos, con la máxima fuerza posible, en un documento que las ministras de Asuntos Económicos y Transición Ecológica han enviado, junto a una carta, a la Comisión Europea.

En él, además de explicar todas esas medidas para reducir la factura de la luz, reclamaban cambios normativos ante los precios actuales, que califican como “políticamente insostenibles”. Unos cambios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho que quiere que empiecen a debatirse en la próxima cumbre europea de finales de octubre.

Y es que el Ejecutivo, que busca que la subida de la luz no sea percibido como un problema en clave nacional, pide a la UE directrices flexibles para reaccionar “a los dramáticos aumentos de precios” provocados por el encarecimiento del gas y de los derechos de emisiones de CO2. Una guía, dice, para que los países no tengan que “improvisar”. Si las reglas del juego son europeas, los remedios deben serlo también, señala el escrito.

Las ministras Calviño y Ribera advierten en esa carta a la Comisión de que las subidas de la electricidad pueden lastrar la recuperación, provocar protestas sociales y alejar a los ciudadanos del compromiso con la energía verde. Para reducir esos riesgos, el Gobierno ha lanzado dos propuestas a los responsables comunitarios:

El Gobierno, con estas iniciativas, da un paso adelante para poner sobre la mesa de la UE la necesidad de introducir cambios en la regulación del mercado energético, cuyas subidas están impactando ya en muchos de los Estados miembros, pero aprovecha, también, para defender el plan de choque aprobado la pasada semana. Un plan que ha sido duramente criticado por las compañías eléctricas y que podría acabar en los tribunales.

La más polémica de las medidas, que el ejecutivo ha defendido y detallado a la Comisión en ese documento, es la minoración de los ingresos de las centrales eléctricas que no utilizan gas en 2.600 millones de euros. Además, explica también la prórroga de las rebajas fiscales ya aprobadas, la reducción del impuesto eléctrico al 0,5%, los mecanismos para proteger a los consumidores más vulnerables y un nuevo sistema de subastas para promover la contratación a plazo del mercado eléctrico. Todo el plan, señala e insiste el Gobierno a Europa, se ajusta a la normativa y garantiza la justa competencia.

La Comisión Europea, por su parte, ya ha reconocido que es consciente de la preocupación de los veintisiete por este asunto. Lo aseguró la comisaria de Energía tras reunirse con los ministros del ramo. Kadri Simson señaló que en las próximas semanas Bruselas desvelará una "caja de herramientas" con "medidas disponibles" que los Estados miembros pueden utilizar en el "muy corto plazo" y que "están en línea con la legislación actual".

Es decir, ordenar lo que ya existe, pero sin avanzar en propuestas a más largo plazo como está reclamando España. Y lo que ya existe en las normas europeas es, explicó la comisaria, la reducción de impuestos, iniciativas para apoyar a la población más vulnerable y medidas "temporales" destinadas a hogares y pequeñas empresas. Para el futuro, aseguró, la apuesta "está clara" y pasa por fomentar las energías renovables.

Mientras el debate político se intensifica en Europa, los mercados energéticos no dan tregua. Esta semana los precios han vuelto a situarse en máximos, rozando de nuevo los 180 euros el megavatio hora. Y eso, sin que haya entrado el frío que seguirá impulsando al alza el precio del gas. Con la tendencia actual los expertos creen que seguirá al alza hasta marzo del año que viene, cuando empezaría a descender.

Este pronóstico preocupa a las compañías eléctricas que temen que las medidas incluidas en el plan de choque, vigentes hasta esa fecha, se prolonguen más allá de los plazos marcados si para entonces el gas no ha alcanzado el nivel marcado por el Gobierno.

El Ejecutivo, no obstante, ha aprovechado también su carta a Europa para insistir en que estas medidas son “solo temporales hasta que se alivie el pico actual de los precios”. Junto a eso, llama la atención el énfasis que se pone en recordar a los socios el pleno cumplimiento de las normas por parte de España en esta crisis. En contrapartida parece que España pide un enfoque prudente como el que han recibido otros países que han adoptado, dice, medidas "menos ortodoxas". "Esperamos al menos un trato similar", zanja el Gobierno en su misiva a la Comisión.