El Gobierno da un vuelco al mercado eléctrico para rebajar en 4.000 millones el recibo de la luz

A veces resulta complejo tener perspectiva sobre el nivel de peligro en medio de una tormenta. Si nos atenemos a las nuevas medidas para frenar el precio de la luz, la del Gobierno es una visión de situación de emergencia grave. "Este es un momento extraordinario que requiere una respuesta", aseguraba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

Las señales del mercado son terroríficas: el precio del megavatio hora superará los 172 euros. La última vez que nos asustamos/preocupamos por el recibo de la luz, allá en el año 2018, este 'MWh' que ahora acapara titulares casi a diario, estaba en los 70 euros. 

"Estamos en una crisis del gas. Desde el mes de mayo todos los datos apuntaban a que el mercado del gas iba a explotar. Y lo que nos falta por ver... Se han roto todo los techos", asegura Natalia Fabra, Catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. En su opinión había que actuar. "Creo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: defender el interés general". 

El 'plan de choque' aprobado por el Ejecutivo moviliza cerca de 4.000 millones de euros adicionales para detener esta espiral alcista que ya está erosionando los bolsillos de los consumidores y las cuentas de todo el tejido productivo.

El impacto que se espera es una rebaja del 22% en la factura en los próximos meses. Si se tiene en cuenta la rebaja del IVA ya en vigor, la reducción del recibo se cifra en un 30% hasta fin de año. 

La situación que teníamos "era insostenible", opina Robert Tornabell, profesor emérito de economía ESADE. "Las eléctricas están ganando muchísimo más de lo que sería razonable y deben revertir eso a consumidores vulnerables, pymes e industria. Estamos ante una situación de emergencia", apunta este experto. 

Todas las centrales que produzcan electricidad este miércoles cobrarán de media 172 euros por cada megavatio/hora. El sistema no cambiará: se seguirá pagando al precio del último kilovatio que entra en el sistema, el más caro. Ese precio lo fija directa (o indirectamente) el gas.

Pero la novedad es que habrá un ajuste:

Destino de los 2.600 millones de las eléctricas: el recibo. Este dinero cubrirá temporalmente el 96% de los 'cargos' que se aplican a la factura de la luz. Representan casi una quinta parte del recibo medio. Si un hogar pagaba por este concepto diez euros, el próximo mes será menos de un euro. 

Desde el Gobierno se insiste en que este ajuste es legal y la filosofía en la que se basa está avalada por el marco europeo. Pero no se puede descartar que las empresas recurran y la cuestión acabe en los tribunales. ¿Y si pierde el Estado? "De momento aliviamos a los consumidores, a las pymes...", opina Tornabell. "Tampoco creo que pleiteen todas las eléctricas. Algunas se han beneficiado más que otras de esta situación". 

Al elevado precio del gas se le suma el factor del CO2. Estos derechos por contaminar han duplicado su precio en un año. El CO2 encarece todavía más el gas: es un coste añadido. 

Pero son los Gobiernos los que se quedan el dinero de las ventas de estos derechos de emisión. Hacienda no contaba con ingresar tanto este año. Así que los 900 millones de más que le 'han caído del cielo' se inyectarán en el sistema para abaratar un poco más la luz. 

El Gobierno lleva semanas hablado de "achicar" el mercado mayorista (también conocido como pool). Una forma de decir: todo lo que se pueda negociar fuera de este mercado loco por culpa del gas, mejor. Para ello se obligará a las empresas dominantes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, a subastar parte de su energía entre pequeñas comercializadoras y la gran industria. Así podrían asegurarse una electricidad más barata.

Se espera que el precio no sea tan desastroso como el del pool, sino más "razonable", según el Gobierno. "El resultado dependerá del volumen subastado en relación con la demanda de los agentes que puedan participar", opina Fabra. Este mecanismo no garantiza precios muy diferentes si no se diseña bien, según esta experta. 

Con la vista un poco más a medio plazo, el Gobierno está tramitando por la vía urgente en el Congreso otro proyecto de ley que restará ingresos a centrales nucleares e hidroeléctricas. Hablamos de entre 600 y 1.000 millones de euros. Europa permite que se puedan minorar rentras relacionadas con el CO2. 

La idea es sencilla: ni nucleares ni hidroeléctricas tuvieron en cuenta en sus planes de negocio que a partir de 2005 se beneficiarían de la creación de un mercado de CO2 para luchar contra el cambio climático. (Este razonamiento es muy parecido al de minorar ingresos extra por el gas, explica Fabra. Las centrales que se construyeron antes de que se liberalizara el sector en 1997 tampoco basaron sus números de rentabilidad esperando que un precio desorbitado del gas les permitiera cobrar 172 euros por MWh. "Fue un cambio en la regulación el que ha permitido que esto sea así", sostiene esta catedrática). 

Volviendo al asunto del CO2: ni nucleares ni hidráulicas lo compran porque no les hace falta, pero se benefician igualmente. Les cayó un regalo del cielo. El Ejecutivo plantea ajustar algo estas cuentas y obligarles a devolver al sistema parte de esos ingresos de más. ¿Problema? Las centrales nucleares dicen que así no les salen las cuentas y amenazan con parar su producción. 

El Gobierno ya ha respondido. Hay un suelo que cobrarán: son 20 euros por tonelada de CO2 (y ahora esta misma tonelada cuesta tres veces más). Ese nivel de 20 euros que fija el nuevo proyecto de ley "es el precio que cobraban cuando firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019", ha argumentado Ribera en una entrevista en la Cadena Ser. "No supone, por lo tanto, ninguna detracción de ingresos".