Trabajo instará a la Fiscalía a que investigue a las plataformas de reparto
Díaz instará a investigar si existe invasión de la esfera penal y se están vulnerando los derechos de los trabajadores
Glovo, una de las dos plataformas contra las que ya está actuando la Inspección de Trabajo, tendrá que abonar 148 millones entre sanciones y cotizaciones no pagadas
Díaz ha recordado que desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de 3.400 asalariados a 12.074 y defiende que la norma "está funcionando"
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asegurado este lunes que instará a la Fiscalía a investigar a las empresas de reparto que incumplan la 'Ley Rider'. "Vamos a instar a la Fiscalía para que investigue si existe invasión de la esfera penal en esta materia, si están vulnerando los derechos de los trabajadores. El peso de la ley va a caer sobre la pequeña parte de las empresas que cumplan estas normas", ha señalado.
Yolanda Díaz, en la comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso se ha mostrado muy crítica contra las empresas que incumplen la normativa que entró en vigor hace más de un año y que establece las condiciones laborales para los trabajadores de las plataformas de reparto, persiguiendo su contratación como falsos autónomos. "Les digo solemnemente que la Ley Rider se va cumplir y que las empresas rebeldes se van a someter al Estado de Derecho", ha aseverado.
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"Esto es muy grave. No lo vamos a consentir. Soy clara: no vamos a parar y sí, el peso de la ley va a caer sobre esas empresas, que son una pequeña parte, que incumplen estas normas", ha recalcado la ministra de Trabajo.
Multa a Glovo
Díaz ha recordado que desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de 3.400 asalariados a 12.074, todos ellos contratos indefinidos, que demuestran que "la ley está funcionando" y que la mayoría de las empresas "están cumpliendo con sus obligaciones".
La responsable de Trabajo ha recordado que ya se ha actuado contra dos empresas y que la liquidación impuesta a la primera de ellas, Glovo, asciende a 148 millones de euros, por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores y por practicar obstrucción de las labores de la Inspección de Trabajo. La cantidad es el cómputo total de la sanción impuesta a la empresa más el abono de los periodos no cotizados.