Los problemas crecen en el campo: la subida del SMI divide al sector

Los agentes sociales, los sindicatos y los propios agricultores, no se ponen de acuerdo respecto al impacto en el campo de la subida del salario mínimo
El sector vuelve a movilizarse para alertar de su “grave situación” y reclamar “apoyo y precios justos
¿Puede una subida de 50 euros al mes del salario mínimo hundir el campo español? La respuesta a esta pregunta varía dependiendo de quién conteste, pero la historia se repite: no hay datos disponibles con los que contestarla y sí bastante hartazgo en un sector donde los problemas... crecen.
La firma oficial de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en Moncloa este jueves ha sido la última escenificación de la división al respecto.
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CEOE (empresarios): “En alguna parte se dice que la subida del SMI no influye en el campo... La realidad es que pensamos que sí.”
Ministra de Trabajo: “El campo está viviendo un proceso de transformación estructural. No se ve afectado por el SMI. Soy gallega, sé de lo que hablo”.
Es verdad que la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario ha caído en el último año y se ha intensificado algo más. ¿Es por el SMI? ¿Hay otros factores que inciden? No está claro.
Las diferencias llegan hasta los propios sindicatos, que se han tirado un poco los trastos y los números a la cabeza por esta cuestión.
- Pregunta: ¿Cómo puede un sindicato decir no a una subida del SMI?
- Respuesta: ¿Cómo puede un sindicato no darse cuenta de la situación crítica que vive el campo?
Así ha sido (más o menos).
- UGT y CCOO dicen que el problema del campo son los precios tan bajos que les pagan en origen. La culpa es de las distribuidoras y grandes cadenas alimenticias.
- ASAJA, COAG y UPA, organizaciones sindicales ligadas al campo, insisten en que la subida en inasumible.
Si se cuenta la subida del 22 del año pasado, el SMI ha aumentado casi un 30%.
Para productores del olivar, frutas y hortalizas (todos emplean mucha mano de obra) y arrastran una crisis de precios, el incremento del SMI no es asumible, dicen los sindicatos agrarios.
Enfrentados también los socialistas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), aseguró que el paro había subido en su comunidad en 2019 por culpa del SMI. Luego aclaró que “en ningún momento” había negado la subida del salario mínimo. Pero que es verdad que “algo” ha sucedido en Extremadura y se tendrá que definir qué exactamente.
Pero es que la división llega hasta los propios agricultores.
Inma Roiz es la propietaria de una explotación de tomates en Okondo, Alava. Tiene una persona contratada y la subida del SMI le parece “justa”. “No me supone mucho 50 euros. Si se ha subido es porque es necesario para tener una vida digna”, asegura. El problema está, para ella en el control de los precios. “Los mayoristas pagan poco y luego ves que tus tomates se venden tres veces más caros en el mercado”

José Ramón es el el dueño de una explotación ganadera en A Mezquita, Ourense. Tiene a tres trabajadores contratados, a los que ahora tendrá que subir el sueldo. “Es muy difícil encajar una subida de costes que yo no puedo repercutir. No son solo los 50 de ahora. Con respecto a 2018 son 200 euros más. Y no es que no quiera pagarles más, es entre piensos, gasóleo y mano de obra mis costes de producción han aumentado un 20% con respecto al año pasado. Pero en cambio mis precios han bajado un 15%. Algo falla, esto no da”.

En Valencia, donde el abandono de los campos de naranjos es una estampa descorazonadora, aseguran que la campaña de cítricos de 2019 fue “la peor de la historia por los precios”, pero no se oponen a la subida del SMI. En general, las movilizaciones que se están viendo estos días, como la del olivar ayer o la del sector en Castilla y León piden “precios dignos y apoyos al campo”.
“El sector va sumando problema sobre problema. La aceituna de mesa estaba muy bien hasta que han venido los aranceles del gobierno de Trump y los han hundido en la miseria. Ya nos pasó algo parecido con el veto ruso por el gas. Terminamos siendo siempre los paganos”, explican fuente de sindicatos agrarios. “Si el gobierno puede sacar un decreto para subir el SMI, ¿por qué no hacer lo mismo para que no se pueda vender por debajo de los costes de producción?”, se preguntan. “En algún sitio hay que compensar esto. Las cuentas no salen”.
La experiencia francesa
En España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, decía el jueves que asumía “muchísimas” de las reinvidicaciones del sector. No sabemos si el Gobierno tiene algo en la cabeza parecido a lo que ha hecho Francia.
Hace un par de meses el gobierno de Emmanuel Macron consiguió sacar adelante la Ley de la Alimentación. Una medida muy esperada que establecía que los precios en el campo se tenían que fijar de acuerdo con los costes de producción. Sobre el papel pintaba muy bien. La cuestión clave es: ¿quién calcula y dice cuáles son esos costes de producción? Ahí es donde parece los agricultores franceses no parecen tan contentos porque las distribuidoras también participan en esos cálculos y temen que utilicen su poder para controlar, dificultar la fijación de esos costes. El sector era más partidario de que fuera alguien neutral.