La clave han sido los ERTE pero el futuro es todavía incierto para 755.000 trabajadores

Gobierno y agentes sociales comenzarán este viernes a negociar la prórroga de los ERTE, que están en vigor hasta el 31 de enero
"Esta crisis ha demostrado la diferencia entre proteger el empleo y proteger al desempleado". Lo ha argumentado este martes el secretario de Estado de Trabajo y lo ha reiterado su homólogo en la Seguridad Social para defender que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los ERTE, han conseguido que el impacto de la pandemia en la economía no se haya trasladado de igual medida al mercado laboral.
A diferencia de lo que ha sucedido en crisis anteriores, en esta ocasión la caída del PIB no ha ido de la mano de un destrucción similar de empleo. Así, aunque la Seguridad Social haya perdido un 1,8% de sus cotizantes (360.105 trabajadores) respecto a comienzos de año, la cifra no tiene nada que ver con el desplome de la economía en este año: un 11% calcula el Gobierno que habrá caído el PIB en 2020.
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La clave de este impacto amortiguado radica en los ERTE, que protegen todavía a 755.613 trabajadores. Personas que cobran la prestación por desempleo y cuyas empresas tienen todavía exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social.
Nada tiene que ver esta cifra con las que se registraron en los peores momentos del confinamiento. A día de hoy los ERTE suponen una quinta parte del máximo alcanzado a comienzos de mayo, con más de 3,5 millones de trabajadores afectados.
Sin embargo, el futuro se presenta incierto para estos trabajadores que no consiguen incorporarse de nuevo a su empleo por el impacto de la pandemia en su sector. Un tercio de los afectados se concentra en hostelería (servicios de comida y bebidas) y la posibilidad de volver a la normalidad todavía parece lejos. Las restricciones (y la caída de demanda) son tan elevadas en esta actividad que esas personas en ERTE suponen también un tercio de los empleados del sector. Es decir, una de cada tres personas ocupadas en hostelería permanece en ERTE.
Estos expedientes de regulación de empleo también se concentran geográficamente. Las dos provincias canarias presentaron a cierre de 2020 el mayor porcentaje de afiliados bajo alguna modalidad de ERTE: Las Palmas con 45.100 trabajadores protegidos y Santa Cruz de Tenerife, con 34.106 afectados. Le sigue Baleares, con 30.986 de sus afiliados en algún tipo de ERTE.
Nueva extensión de los ERTE
El próximo viernes el Gobierno y los agentes sociales comenzarán a negociar para prorrogar por tercera vez su vigencia, que ahora se extiende hasta finales de enero. El esquema, que se ha ido focalizando con el paso de los meses en los sectores que no han podido recuperar la actividad por la pandemia, no incorporará grandes modificaciones.
Se trata, dicen los reponsables del Ejecutivo, de un "modelo muy ensayado y exitoso, que ha constatado su utilidad", y que hasta noviembre ha costado a las arcas públicas 14.170 millones de euros. "Estamos trabajando atendiendo mucho a los datos en tiempo real. En ningún caso habrá cambios radicales. El modelo ha ido tendiendo a la focalización porque la crisis ha sido cada vez más restrictiva", ha asegurado el Secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo.
Patronal y sindicatos creen que los ERTE deberían renovarse directamente. En opinión de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) es necesario reducir la incertidumbre y continuar con el esquema actual "al menos hasta que se empiecen a reducir los efectos económicos de la pandemia".