Los ERTE no se irán: el Gobierno hará permanente este instrumento para empresas en crisis
El Gobierno prevé aprovechar los fondos europeos dar "flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo" en momentos de dificultad
El Gobierno está satisfecho con los ERTE que se han empleado durante la pandemia y quiere activar este mismo año otros ERTE permanentes aprovechando los fondos europeos. El objetivo es que el empresario no despida a un trabajador en momentos puntuales de crisis, sino que se acoja a un expediente de regulación temporal de empleo para proteger el empleo.
Ese nuevo mecanismo pretende dar “flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa”. Así consta en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El ejecutivo prevé llevar estos ERTE permanentes al diálogo social para una tercera reforma del Estatuto de los Trabajadores.
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Estos ERTE permanente –sin perjuicio de seguir manteniendo los ERTE por la covid- consistirán en “reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa” y “permitiría reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock”, según se detalla en la memoria.
¿Cómo se financiarán? El Gobierno prevé “crear un instrumento de financiación permanente” que se nutriría de las aportaciones de empresas, trabajadores y el Estado aunque el funcionamiento “será acordado mediante el diálogo social".
En concreto en el documento se detallan entre otras posibles contribuciones, “el exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y las personas trabajadoras y la aportación del Estado al presupuesto del SEPE”,
"Con el fin de reforzar el impacto estabilizador, se prevé recurrir a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar la contribución adicional correspondiente al Estado", añade.
El Gobierno asegura que los ERTE no son “una prestación por desempleo, sino un instrumento de protección al empleo”. Y recuerda que en lo peor de la pandemia más de 550.000 empresas y más de 3,6 millones de personas asalariadas se acogieron a este mecanismo. “El resultado positivo, reflejado en una tasa de paro del 15,5% en 2020 y un déficit público muy inferiores a las de crisis anteriores”, explica en el texto.
Además de estos ERTE, un nuevo mecanismo de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición para “hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda”. En este caso las empresas afectadas pagarán una parte del sueldo y el gasto en formación y recualificación de los trabajadores y el Estado completará el resto también con dinero europeo.
Incentivos a la contratación con límites.
En el componente 23 el Gobierno también se propone atajar la temporalidad en el mercado laboral y para ello se propone simplificar los contratos a tres: estable, temporal y de formación/prácticas. Se busca generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se corresponde con la duración limitada.
También se revisarán las bonificaciones a la contratación para incentivar el empleo indefinido. Se establecen una serie de índices a aplicar en el caso de contratación de parados mediante contratos indefinidos y con un compromiso de mantenimiento de la plantilla.
El Gobierno considera necesario establecer un límite máximo al porcentaje de gasto en políticas activas de empleo destinadas a estos incentivos, dado que "está muy extendida la práctica de utilizar bonificaciones para fomentar la creación de empleo indefinido".