La ley 'Rider' entrará en vigor con dudas sobre cómo se aplicará y sin unanimidad entre los repartidores
La norma obliga a que los repartidores pasen a ser asalariados en vez de 'falsos autónomos', pero sus críticos creen que provocará más precariedad
Las compañías exploran vías para ajustar su modelo, entre ellas la de las ETT digitales, mientras que otras planean abandonar el país
Para quienes están a favor, el reto será hacer cumplir la legislación: "Si no refuerzas a los organismos encargados, se puede quedar en papel mojado"
La ley 'Rider' entra en vigor este jueves con dudas legales sobre las fórmulas que las empresas utilizarán para cumplirla, el apoyo con reservas de algunas asociaciones y el rechazo de otras. La norma, aprobada a mediados de mayo tras un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, busca que los repartidores pasen a ser asalariados en vez de 'falsos autónomos'. "Los algoritmos van a ponerse al servicio de la mayoría social", afirmó el día de su aprobación Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo.
Pero las preguntas no son pocas: ¿de qué forma serán contratados los repartidores? ¿Serán contratos más estables o más precarios? ¿La medida supondrá realmente una mejora en las condiciones laborales de los 'riders'? El asunto está lejos de generar unanimidad. Ya desde que la legislación empezó a ser debatida, diversos colectivos han salido a la calle para denunciar lo que califican como "laboralización forzada", mientras que quienes están a favor señalan los numerosos fallos de los tribunales que han indicado que los repartidores no son autónomos.
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Las compañías ajustan su modelo explorando distintas opciones
Las empresas buscan adaptarse al nuevo marco, en el que las ETT digitales aparecen como principal opción. Glovo planea contratar directamente a 2.000 empleados y mantener el 80% restante como autónomos en una modalidad que, defienden en la firma, cumple con los criterios del trabajo autónomo. UberEats ya ha avisado a sus trabajadores de que a partir del 12 no adjudicará pedidos a quienes sean autónomos y subcontratará a través de terceros.
En su caso, JustEat negocia un convenio laboral para sus repartidores, que nunca fueron autónomos sino empleados de la flota de los restaurantes y, cuando no era así, también eran subcontratados a través de otras empresas. Deliveroo ha decidido simplemente anunciar el cese sus actividades en España con un proceso de despido de casi 4.000 trabajadores entre repartidores y personal de oficina. CC.OO. ha exigido garantías para los afectados.
La asociación 'RidersxDerechos', a favor con reservas: "Esta ley se queda corta"
¿Qué dicen exactamente los 'riders'? Dani Gutiérrez es portavoz de la asociación 'RidersxDerechos', una plataforma que lleva años denunciando en los tribunales que los repartidores no son falsos autónomos. Para él, hay varios puntos a tener en cuenta sobre la nueva ley:
- Más ambición. "Consideramos que esta ley se queda corta, porque solo habla de los 'riders', pero falsos autónomos hay en muchos otros sectores. [...] Dicho esto, también nos parece bien que todos los agentes, patronal, sindicatos y Gobierno, estén de acuerdo en que somos trabajadores y no autónomos. No podría ser de otra manera con 48 sentencias y una sentencia del Tribunal Supremo".
- Evitar una competencia desleal. Gutiérrez estima que las asociaciones que están en contra han sido creadas por las empresas, que defienden intereses con los que ni la patronal está de acuerdo. "La patronal tampoco les ha hecho caso, porque estas tres o cuatro empresas están cometiendo una competencia desleal con las empresas que sí que lo están haciendo bien y que llevan años cumpliendo y contratando a los trabajadores [empresas de reparto de mercancía, transportistas, logística]. O todo el mundo juega con las mismas normas o esto se va a la ley del Oeste, y ahí quien acaba pagando los platos rotos es el trabajador".
- El modelo ideal. "El horizonte más óptimo para nosotros y para los trabajadores sería que se cumpliera el Estatuto de los Trabajadores. Simple y llanamente porque con el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, el fraude de los falsos autónomos habría acabado. Lo que pasa es que llevamos seis, siete u ocho años de procesos judiciales, esto es una batalla interminable".
- El reto de hacer cumplir la ley. "Las empresas saben perfectamente que la Justicia y la Inspección de Trabajo están saturadas y van tarde, y han implementado este modelo sabiendo esto [...]. Por mucha legislación que hagas, si no refuerzas aquellos organismos que hacen que se cumpla, se puede quedar en papel mojado".
La plataforma Asociación Profesional de Riders Autónomos, en contra: "Estamos viendo los primeros efectos negativos"
A cambio, para la plataforma Repartidores Unidos la ley supone una precarización del sector con contratos aún peores. "Nos están vendiendo que nos iban a salvar, pero están haciendo todo lo contrario", explica Jordi Mateo, presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), que además rechaza que su asociación esté financiada por alguna de las empresas.
- Una ley que empieza mal. "Estamos viendo ya los primeros efectos negativos de la ley, tal y como llevábamos advirtiendo, pues teníamos miedo a que por un lado llegasen contratos que consideramos precarios a través de subcontratas, contratos de 15 o 20 horas, contratos temporales. Como se aprobó en la ley, algunas de las plataformas digitales empezaron a hacer este tipo de contratación".
- Un colectivo desesperado. "Este tipo de contratos son precarios, los chicos de Uber han sido contratados a través de este tipo de empresas y el colectivo está desesperado por las condiciones que están ofreciendo".
- Fuga de empresas y destrucción de empleos. "Otra cosa que veníamos advirtiendo era la fuga de empresas, y tal y como vimos hace poco, Deliveroo probablemente se irá a otro país. Esto es otra consecuencia directa de la ley Rider: se hizo a espaldas de plataformas y restaurantes, y finalmente a lo único que nos ha llevado es a precariedad y desempleo".
- Contratos que no son nuevos. "Son los contratos que venía usando hasta ahora JustEat. Contratos con subcontratas, turnos partidos de mediodías y noches con horarios rotativos. Los chicos que están trabajando con esos contratos no ganan más de 400 o 500 euros al mes. Y como son contratos de ETT, puedes trabajar un máximo de seis meses".
- Mejor situación previa. "Antes teníamos libertad y flexibilidad. Éramos conscientes de que había muchas cosas que mejorar en nuestra colaboración con las plataformas. En muchísimas ocasiones intentamos reunirnos con el Ministerio de Trabajo para intentar llegar unas protecciones sin perder esta libertad de flexibilidad, y en ninguno de los casos nos quisieron escuchar".
- Modelo ideal. "Lo que nosotros queríamos era una autonomía con protecciones, como en Italia o en Francia, donde han conseguido dotar de mayores protecciones al colectivo sin una laboralización forzosa, que es lo que nos está llevando a estas condiciones".
- Aspectos que reclaman. "Solicitamos poder de negociación colectiva, que nos igualen el paro respecto a los asalariados, luego no tiene sentido que una persona que trabaje 15 horas semanales pague lo mismo que una que lo hace todo el día. Por lo tanto, creíamos que era importante conseguir la figura de un autónomo digital".
¿Qué pasará después del 12 de agosto?: "Se considerarían falsos autónomos"
"La norma pone negro sobre blanco lo que ya habían sentenciados los tribunales", dijo en declaraciones a Efe la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca.
Según la experta, si tras esa fecha se detecta que no están dados de alta como asalariados se podrían levantar actas de infracción con sanciones de 3.126 euros a los que se sumar las cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de ingresar en cada caso. "Se va a seguir vigilando", subraya Ercoreca, quien recuerda el importante papel de la Inspección en este tema.
Si no están asalariados después de esa fecha, "se considerarían falsos autónomos y o bien podría reclamarse su alta en el Régimen General de la Seguridad Social [...] o lo irá haciendo de oficio la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social", ha estimado también el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Daniel Toscani.