Protestas de trabajadores industriales de norte a sur: por qué estallan ahora


Los trabajadores gaditanos del metal piden subidas del 2%, 2,5% y 3% anual de los salarios para 2021, 2022 y 2023, respectivamente
En A Mariña se ha convocado una huelga general para protestar por el "futuro" de la comarca, sumida en una profunda crisis industrial
Carreteras y líneas de tren cortadas, coches ardiendo… Es la estampa que han dejado algunos de los cientos de trabajadores que protestaban este martes en Cádiz. A más de 1.000 kilómetros al norte, con menos virulencia, los vecinos de la comarca de A Mariña, en Lugo, se quejan del "abandono" de la zona.
Son protestas que no afectan a una sola empresa, si no a sectores completos de la industria. Las manifestaciones de Cádiz y A Mariña se suman a los parones convocados en otros sectores de aquí a final de año, como el de los transportistas o los empleados de la industria cárnica.
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Quejas que surgen tras una pandemia que ha golpeado duramente y en plena crisis de suministros. Pero, aunque son factores que han propiciado que "la gota colme el vaso", los problemas se remontan a mucho antes. En el caso gaditano, la negociación de un nuevo convenio colectivo. Para los lucenses, el inminente cierre de las fábricas de Vestas y Alcoa.
Cádiz: barricadas para reclamar salarios dignos
En la provincia de Cádiz el sector del metal comenzó su huelga indefinida este martes, con barricadas y concentraciones a las puertas de empresas como Navantia, Dragados o Alestis. Aunque ya había habido protestas semanas antes. Esta jornada, los piquetes han causado cortes en los servicios de tren en la capital, así como problemas de acceso al hospital de La Línea de la Concepción. Se han quemado vehículos y se han lanzado piedras a la Policía. Un camionero ha sido herido en los altercados.
El conflicto entre la patronal, Femca, y los trabajadores, se centra en la renovación del convenio colectivo, "caducado" desde diciembre del pasado año. Afecta a unos 12.000 trabajadores del sector, de los 20.000 de toda la provincia.
Ni las negociaciones ni los intentos de acercamiento desde la Junta de Andalucía han dado frutos. Los sindicatos piden:
- Subidas del 2%, 2,5% y 3% anual de los salarios para 2021, 2022 y 2023, respectivamente.
- La rebaja de cuatro horas de trabajo cada año.
- La renegociación del plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad.
La contraoferta de Femca incluía una subida general del 0,5%, aplicable desde septiembre de 2021, del 1,2% en 2022 y del 1,5% en 2023. Tampoco se revisaría el convenio en tres años.
"Lo que pedimos es no perder poder adquisitivo, por lo que la subida salarial debe estar vinculada al IPC", declaró el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. La patronal valora la petición sindical como "inasumible". Consideran "que tendrían que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa".
A Mariña: la lucha por el futuro de Alcoa y Vestas
Los vecinos de A Mariña, en la costa lucense, han salido a la calle este miércoles para reclamar infraestructuras e inversiones en Industria y Sanidad. El ruego principal es una solución al cierre de la fábrica de Vestas, en Viveiro, y la de Alcoa, en San Cibrao, de las que dependen unos 1.200 empleos.
Aunque en este caso se ha tratado de una huelga general, muy apoyada. A diferencia de en Cádiz, en la marcha de Burela no se han producido incidentes violentos.
Alcoa supone el 30% del PIB de la provincia de Lugo y el 70% del de A Mariña. La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha exigido "una intervención pública con implicación del Gobierno central y de la Xunta". El partido presentó recientemente enmiendas a los PGE, para incluir una partida de 200 millones de euros con dicho propósito.
Por su parte, los trabajadores se encuentran en huelga indefinida desde el 27 de septiembre. Aunque la decisión de Alcoa se hizo pública en mayo de 2020, vaticinada por la clausura de las plantas de A Coruña y Avilés. Las protestas han sido continuas desde entonces.
La compañía se escuda en el alto precio de la electricidad en España. Se quedarían un año más, sin realizar recortes de personal, si el Gobierno ayuda a hacer la planta "solvente" para 2023. Hay cuatro empresas interesadas en comprarla, pero desde la plantilla dudan de si esperarían hasta entonces.
La situación de Vestas es similar. La fábrica pende de un hilo por un ERE que afecta a 115 personas. La empresa ha asegurado que funcionará hasta este 31 de diciembre y buscará inversores hasta finales de 2022.