La eléctrica belga no quiere pagar la renovación para prolongar la vida de dos reactores nucleares
El Gobierno de coalición belga había llegado a un acuerdo para prolongar diez años el funcionamiento de dos reactores
La compañía propietaria, Engie-Electrabel, exige ahora que el Estado asuma gran parte de los costes de adecuación
Los reactores son del mismo modelo que los que llevan parados meses en Francia por problemas de corrosión
El debate sobre la necesidad de mantener las centrales nucleares en Europa se disparó con la guerra. Hay planes sin concretar para construir nuevos reactores (franceses, holandeses, polacos) pero todos financiados con dinero público. El último proyecto totalmente privado se lanzó en 2005 cuando se empezó a construir Olkiluoto 3 (Finlandia). Se preveían 3.000 millones de euros y cinco años de obras. Finalmente fueron 11.000 millones y 17 años. El proyectado Olkiluoto 4 se anuló. Nunca más hubo inversión privada para nuclear en ningún país de la Unión Europea.
La otra solución, ampliar el plazo de funcionamiento de los reactores existentes, también se enfrenta a problemas porque las eléctricas, como pasó con Garoña, no quieren pagar las reformas necesarias para que sigan funcionando. En aquella época, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy se negó a rascarse el bolsillo y la central cerró. Ahora se prepara para ser desmantelada.
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Las reformas deben hacerse porque son instalaciones previstas para funcionar 40 años y para cumplir con la última normativa europea, de 2014, posterior al accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima.
El paradigmático caso belga
En el caso de Bélgica, tras meses de discusiones e incluso de amenazas de romper la coalición, los siete partidos que forman el Ejecutivo belga llegaron a un acuerdo sobre política nuclear. Ni se cerraban todos los reactores el 31 de diciembre de 2024 (cuando los dos últimos activos cumplían 40 años) como querían los ecologistas ni se volvían a abrir los otros cinco, que ya cumplieron esa edad y que durante años dieron problemas por fisuras y funcionaron con interrupciones.
El acuerdo consistía en que se permitiría a Engie-Electrabel (filial belga de la francesa Engie, las dos privadas) prolongar durante 10 años, de 2025 a 2035, el funcionamiento de los dos reactores que ahora mismo funcionan, Tihange 3 y Doel 4. El primer ministro, el liberal flamenco Alexander De Croo, salió con buena cara a anunciar el acuerdo. Debate cerrado para una década. Pero Engie tenía otros planes.
Días después la empresa anunció que no tenía ninguna intención de pagar ella sola las reformas necesarias para poder prolongar cumpliendo la normativa. Eso a pesar de que los reactores están amortizados y lleva años obteniendo beneficios. Engie aseguraba que el coste de las reformas de esos dos reactores supondría entre 1.000 y 1.200 millones de euros, una cantidad que sólo podría recuperar si los precios de la electricidad se mantenían por las nubes.
Meses de reuniones entre la eléctrica y el Gobierno no han dado resultado.
- La empresa quiere que el Estado belga pague si no todo, sí una gran parte del coste de las reformas.
- Además quiere que Bélgica le ayude a disminuir los riesgos financieros.
- Y también, fuera de lo previsto, Engie exige también que el Estado comparta los costes de desmantelar los reactores ya cerrados y la gestión de los residuos, gastos que por contrato deben estar a cargo de la empresa.
Todos esos costes adicionales, calcula el Gobierno, sumarían 40.000 millones de euros durante las próximas décadas. La ministra de Energía, la ecologista flamenca Tinne Van der Straeten, considera que la empresa, que lleva décadas obteniendo beneficios, debe seguir siendo la responsable de cubrirlos. Sólo en el primer trimestre de este año Engie-Electrabel, que envía la mayor parte de sus beneficios a Francia, ganó 583 millones de euros.
El Gobierno podría haber dicho que no a las exigencias de la eléctrica, pero esta juega en posición de fuerza debido a la crisis energética. Engie dice que quiere ayudar a la estabilidad del sector energético del país pero que nunca quiso prolongar y que prefiere centrar sus inversiones en renovables.
La empresa teme también que la Agencia de Seguridad Nuclear belga le pida que haga una auditoría en profundidad sobre el estado de los dos reactores. Son del mismo modelo que los 12 cerrados en Francia por problemas de corrosión y fueron construidos en la misma época.
Los liberales, favorables a la continuación de la nuclear en Bélgica, se niegan en cambio a pagar lo que pide la empresa. Los ecologistas siguen estando a favor del cierre. Los socialistas estarían cómodos con el plan siempre que la empresa lo pagara y los conservadores están dispuestos a pagar para prolongar el funcionamiento de los reactores. Esa división entre los partidos del Gobierno juega también a favor de la empresa.