Diez años después, macrojuicio contra 139 controladores por el caos aéreo de 2010
El Gobierno decretó el estado de alarma en diciembre de 2010 por primera vez en la democracia
Más de 700.000 pasajeros y 5.000 vuelos se vieron afectados por la huelga de los controladores y el cierre del espacio aéreo
El próximo 15 de enero, comenzará el macrojuicio contra 139 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010. La huelga de estos trabajadores provocó la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central hace ya diez años. Fue la primera vez en democracia que se recurrió a esta medida drástica. El Ejecutivo de entonces se amparó en que se trataba de un servicio público básico.
Los casi 140 controladores aéreos implicados en esta causa en Madrid, incluidos antiguos miembros de la junta directiva del sindicato USCA, están acusados por la supuesta comisión de un delito de abandono de función pública el pasado 3 y 4 de diciembre de 2010, que derivó en el caos aéreo y en la 'militarización' del servicio de control.
MÁS
La situación de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales. Esta es una de las causas que aún continuaban de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España, ya archivados y exculpatorios para los controladores en la mayoría de los casos.
En febrero, el sindicato USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y acusaciones particulares por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010, una medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma de Mallorca. El acuerdo supuso para el sindicato el fin a un conflicto que dura diez años quedando pendiente la causa de Madrid.
En el proceso de Palma, 83 controladores de Baleares acusados por el caos aéreo de 2010 realizaron el pago de las indemnizaciones acordadas a los perjudicados y la mayoría se adhirió a un pacto con la Fiscalía por el que reconocían un delito de abandono de funciones públicas con asunción de una multa para evitar ir a juicio. Ello evitaba la acusación de sedición.
Causa archivada en otros juzgados
El sindicato USCA solicitó en diciembre de 2013 el archivo de la investigación sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, por entender que "no hubo ningún plante" por parte del colectivo y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión "unilateral" de Aena.
Tras el cierre del espacio aéreo, en 2013 se abrieron 23 causas contra los controladores en juzgados de toda España, de las cuales 21 fueron sobreseídas.