La plataforma 'Hostelería de Todos' presentará más de mil demandas para reclamar indemnizaciones

La plataforma Hostelería de Todos ha anunciado este miércoles más de un millar de demandas de bares y restaurantes ante el Tribunal Supremo para reclamar a las administraciones indemnizaciones por las restricciones que llevan sufriendo para contener los rebrotes.  

Las denuncias se canalizarán a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo y se presentarán en grupos de 50. “Las indemnizaciones que se reclaman son difíciles de cuantificar. Algunas superan los 3 millones de euros. Son las de grandes cadenas, con muchos locales o que han sufrido muchas pérdidas, como en Cataluña y Comunidad Valenciana, donde más cierres ha habido. Y luego hay pequeñas cafeterías que piden 20.000 euros o 30.000 euros”, ha explicado Diego Solana, de Cremades.

Esta plataforma, creada para impulsar una macrodemanda para reclamar al Estado y las autonomías indemnizaciones por los cierres, ha lamentado este miércoles que las administraciones hayan "ninguneado y estigmatizado al sector".

La primera demanda debía presentarse este jueves pero se va a retrasar hasta que esté lista toda la documentación. “No es fácil gestionarlas, queremos que estén bien razonadas y que los daños estén acotados. Vamos a interponer demandas semanalmente”, ha asegurado Solana.

Este abogado asegura que esta plataforma “no cuestiona las medidas adoptadas para contener el virus, sino los daños y perjuicios que les ha provocado el cierre o la limitación de aforo de los locales”.

“Si el Gobierno anunciara ayudas como en Francia o Alemania que dan hasta el 75% de la facturación de los locales no haría falta ir a los tribunales”, según Solana. “La hostelería no está por encima de la pandemia, pero si usted me obliga a cerrar, tendré derecho a ser indemnizado”.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco que ha obligado a reabrir bares y restaurantes, esta plataforma considera que le da aliento en cuanto a  sus reclamaciones. “Confirma nuestra postura de que el estado de derecho está en cuarentena. Cualquier decisión de una administración es susceptible de revisión”, ha defendido Solana.

Begoña Fraire, cocinera y propietaria del restaurante Étimo (Madrid) e impulsora de esta iniciativa, ha denunciado que los gobiernos, primero central y luego regionales, les "prohíben" trabajar pero les "dejan un montón de gastos: alquileres, cuotas de la Seguridad Social... Y eso no se perdona ni un día".

"Hemos hecho una plataforma muy seria y muy profesional, representativa de toda la hostelería, para tomar un camino sin guerra y por la vía jurídica. Necesitamos que un juez se pronuncie sobre lo que los gobiernos nos están imponiendo, que me parece de poco sentido común", ha añadido Fraire.

Para Alfonso García, cuyo Casa Alfonso (Barcelona) tiene 90 años, esta macrodemanda supone "ver la luz al final del camino" después del "desengaño con asociaciones, gremios y otras patronales que nos tenían que representar".

"Reclamamos lo que es nuestro: si te prohíben trabajar, te tienen que indemnizar. No son ayudas, sino derechos", ha apostillado.