Reducir el precio del gasoil no basta: lo que piden los transportistas que secundan el paro

La guerra de Rusia en Ucrania y la subida de los precios que ha provocado, ha sido solo la gota que ha colmado el vaso. Los pequeños transportistas llevan años denunciando una situación de precariedad, que el aumento de los precios de los carburantes no ha hecho más que intensificar hasta límites que muchos consideran “inasumibles”.

Ante esta situación, una organización minoritaria del sector ha convocado un paro indefinido que este miércoles cumple su décimo día y está provocando importantes problemas en un conjunto innumerable de industrias.

El combustible era hasta hace unos meses una tercera parte de los costes de este sector, pero con el aumento de los precios desde el inicio del conflicto ha pasado a representar hasta cerca de la mitad. Los profesionales se quejan de que de un día para otro, repostar un vehículo de 1.000 litros de carburante, ha llegado a ser hasta 300 euros más caro.

Los transportistas en paro llevan días explicando que el encarecimiento del precio del gasoil, que es un 50% más caro que hace un año, hace que no sea rentable ni subirse al camión. Para tratar de mitigar esta situación el Gobierno acordó este lunes bonificar el precio del gasoil profesional por valor de 500 millones de euros.

Buena parte de las asociaciones mayoritarias del sector, que en principio no apoyaban el paro, consideraron "inconcreta" esta medida para reducir los precios y ya se muestran también comprensivas con las movilizaciones.

Por su parte, los convocantes del paro rechazaron la propuesta porque, aunque aseguran que los precios de los combustibles son muy importantes en esta situación, bonificarlos no da respuesta al principal problema de los transportistas autónomos: renegociar los márgenes con las grandes empresas para las que trabajan.

Según la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, que ha liderado las movilizaciones, la mayor dificultad que tienen los autónomos y pymes del sector es que no pueden repercutir a los cargadores (las compañías de transportes que les contratan) el aumento de los costes. En este caso, de los carburantes.

“Estas grandes logísticas de transportes, que muchas veces no tienen camiones, cuando nos subcontratan no nos pagan lo que ellos sí cobran por el transporte", explicaba este martes el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

El Gobierno aprobó en diciembre, tras pactar con las asociaciones mayoritarias, hacer obligatoria “la revisión del precio del transporte como consecuencia de la variación del precio del combustible”. Pero esta norma, dicen los convocantes, no tiene aplicación en su actividad.

Aseguran que está pensada para los contratos a largo plazo entre grandes empresas y productores (por ejemplo, los que puede firmar una gran empresa de transporte con un fabricante de refrescos), y no para ellos que son a los que les subcontratan a diario los viajes.

En estos casos de viajes no continuados, el transportista solo puede repercutir la subida del gasoil si se ha producido un incremento del 5% entre el momento de la contratación y el de la realización del transporte.

Para tratar de regular esa relación entre el precio del combustible y lo que ellos cobran, los transportistas en paro indefinido han reclamado que se incluya en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías la prohibición de contratar servicios por debajo del precio de coste.

Es decir, que no se pueda trabajar a pérdidas.

Para establecer el precio mínimo que deberían recibir los profesionales, desde la Plataforma proponen que se tome como referencia el que marca el Observatorio de costes del transporte de mercancías. Es un indicador elaborado por el Ministerio, que se actualiza trimestralmente y que el pasado octubre marcaba el coste para un vehículo articulado de carga general en los 1´15 €/km, en ese periodo, el precio medio del gasóleo estaba en los 1,26 euros el litro, medio euro por debajo del que marca ahora.

Se trataría, en definitiva, de aplicar al sector algo similar a la Ley de Cadena Alimentaria, que busca una relación equilibrada entre todas las partes implicadas y trata de prohibir el trabajo a pérdidas en todos los eslabones de la cadena de producción. Hay que recordar, no obstante, que esa ley del sector primario ha tenido que ser recientemente reformada tras constatarse elevados incumplimientos.

Desde que se iniciara el paro el pasado lunes 14 de marzo, los responsables del Ministerio de Agricultura se han reunido en diferentes ocasiones con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Este es, legalmente, la entidad a través de la que se relacionan el sector y el Gobierno. El problema es que la Plataforma no está incluida entre las asociaciones que lo componen, y por lo tanto, no ha habido ninguna conversación entre ellos, los convocantes de los paros, y la Administración.

Para la ministra de Transportes esto no es un obstáculo para desbloquear la situación, porque ha asegurado que “las reivindicaciones que se están realizando por parte de la Plataforma son las mismas que tiene el sector”. Además, desde el inicio de las movilizaciones Raquel Sánchez ha destacado el carácter minoritario de esta asociación a la que ha llegado a calificar como "un grupo de ultras que está intentando someter al país".

Lo cierto es que, a pesar de la baja representatividad de la Plataforma en cuanto a número de asociados, su convocatoria ha conseguido canalizar el malestar de miles de profesionales y paralizar buena parte de la actividad del transporte. “A mí la legitimidad de la da el sector”, ha dicho ya el presidente, Manuel Hernández, quien no ha dejado de reclamar una reunión con el Gobierno y ha negado que se pueda llegar a ningún acuerdo hasta que no reciban a “los que tenemos los camiones y llevamos la mercancía de un lado a otro”.