El Gobierno tendrá que aprobar un gasto de 14.000 millones para revalorizar las pensiones con la inflación

Cada nuevo aumento de las previsiones de inflación complica un poco más al Gobierno la subida de las pensiones para 2023. La reforma aprobada hace apenas siete meses indica que estas se tienen que revalorizar con la inflación media anual del ejercicio anterior. Un mecanismo con el que el Ejecutivo apostaba por garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

La cuestión es que, en el que va a ser su primer año de aplicación, la inflación está alcanzando los niveles más elevados de las últimas cuatro décadas. Con los últimos datos, que confirman una subida de los precios del 10,2% en junio, ya son muchos los organismos que coinciden en que la tasa media se situará en el entorno del 8% este año. Revalorizarlas con esta cifra supondría más que triplicar el incremento aplicado en 2022.

Aunque el Ejecutivo no hace previsiones oficiales de inflación, Nadia Calviño reconocía este jueves que esta seguirá “alta y muy elevada” durante los próximos meses, y anunciaba que revisará al alza sus estimaciones sobre este indicador para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, donde tendrá que recogerse el gasto en las pensiones.

Diferentes organismos han calculado lo que supone de gasto extra en pensiones cada punto de aumento de la inflación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo cifra en 1.500 millones, mientras que el Banco de España, por su parte, lo eleva a los 1.800.

Una estimación en esta horquilla, tomando la previsión de inflación elaborada por Bruselas, implica que la revalorización de las pensiones costaría más de 13.700 millones extras a las arcas públicas el año que viene.

Casi 14.000 millones, que suponen, por ejemplo, superar todo el gasto destinado este año a Investigación, desarrollo e innovación en los Presupuestos.

El Gobierno en su conjunto y el Ministerio de Seguridad Social en particular han apostado hasta ahora por mantener la revalorización de las pensiones ajustándola al IPC tal y como marca la ley, a pesar de la deriva de la economía. El argumento de José Luis Escrivá, impulsor de la reforma, es que la actual situación es una circunstancia “extraordinaria” que no afecta a la sostenibilidad del sistema.

Por eso, se ha rechazado la posibilidad de incluir a los cerca de diez millones de pensionistas en el pacto de rentas reclamado desde hace meses. Un acuerdo para evitar una espiral inflacionista, que el Gobierno ha limitado a las subidas de salarios y de los márgenes empresariales, y al que el Ejecutivo ha dicho que se suma con el gasto comprometido para hacer frente a las consecuencias de la guerra.

Sin embargo, esta postura tiene numerosos detractores. Por un lado, el propio Banco de España, que ha insistido en la necesidad de que el reparto de los costes de la crisis actual incluya también a las pensiones. "Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida, y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla", señalaba el gobernador Pablo Hernández de Cos en su última comparecencia en el Congreso.

También el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, reclamaba hace solo una semana la incursión de los pensionistas y los funcionarios en ese pacto de rentas, al que de momento no han logrado llegar empresarios y sindicatos.

Los últimos, hasta ahora, en posicionarse contra una subida generalizada de las pensiones con el IPC han sido el Colegio General de Economistas y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Este mismo jueves, recomendaban al Gobierno que aplicara una modificación transitoria de la ley, de forma que la revalorización se aplique solo a las pensiones mínimas, las más vulnerables al alza de los precios.

Pero esta decisión, que supondría incumplir la nueva norma antes incluso de que haya comenzado a aplicarse, podría acarrear un importante coste político a un Ejecutivo que ha insistido en que la subida con la inflación para todos los pensionistas estaba garantizada.

De momento, el compromiso del Gobierno con la Unión Europea recogido en el Plan de Estabilidad remitido el pasado mes de abril es subir las pensiones un 6%, pero esas cifras ya no responden a la realidad del incremento de los precios y tendría que ir más allá si se quiere cumplir con la ley.

El mayor nivel de gasto podría no ser bien visto por Bruselas que, además, ya ha expresado sus dudas por algunos aspectos de la reforma de pensiones, especialmente en lo referente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Se trata de un instrumento que implica un aumento de cotizaciones de 0,6 puntos porcentuales durante los próximos diez años para contribuir a garantizar la sostenibilidad del sistema.

Además, la AIReF ya advirtió hace días de que incrementar el gasto en pensiones en cerca de 14.000 millones supondría destinar a esta partida la práctica totalidad del aumento total recomendado por Europa para el año que viene (15.000 millones) lo que dejaría sin margen al Gobierno para ampliar otras partidas.