Escrivá, sobre el dictamen del BCE del impuesto a la banca: "Debe tener informes de corta y pega"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado este viernes "sorprendido" ante la advertencia del Banco Central Europeo (BCE) de que el impuesto a la banca español puede restringir el crédito y ha considerado "bastante paradójico" que una institución que está subiendo los tipos de interés para suavizar el crédito lance un aviso como éste en el contexto actual.

"Me parece sorprendente. No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos (...) Será un tipo de informe normalizado que tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí, sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual, resulta un poco sorprendente esa afirmación", ha señalado el ministro.

Después de que el Gobierno anunciara ayer su intención de no introducir modificaciones en el impuesto a pesar del dictamen del Banco Central, Escrivá, en declaraciones a RNE, ha pedido "rebajar muchísimo el estatus" de este informe del BCE. El ministro ha señalado que lo que incluye son recomendaciones y consideraciones de carácter general. "En ningún caso entiendo que el BCE quiera interferir en la legitimidad de un Gobierno de regular estos temas", ha opinado.

De hecho, el ministro, que trabajó en el BCE durante unos años, ha subrayado que la emisión de este tipo de informes no es una actividad central de la institución, sino secundaria. "Hay que poner en su justo término lo que significa un informe como éste (...) No es su actividad central, es una parte secundaria y rutinaria. El Tratado le da esta función, pero no entra en el proceso central de toma de decisiones", ha apuntado.

El ministro ha subrayado que las regulaciones financieras, excepto algunos elementos concretos de solvencia, y en mayor medida las regulaciones fiscales "son competencias nacionales". En este sentido, ha indicado que en los países escandinavos y en Francia existen impuestos a la banca desde hace más de una década, sin que difieran mucho del planteado por España.

A pesar de que la responsable de Hacienda aseguraba tras la publicación del informe que este no recomendaba realizar cambios, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este viernes que España seguirá adelante con el impuesto temporal a la banca pese al informe publicado por el Banco Central Europeo (BCE), aunque se abre a introducir "mejoras" durante el trámite parlamentario.

"Las cuestiones que suscita el BCE ya las habíamos analizado a la hora de diseñar el gravamen y ahora está atravesando el trámite parlamentario, en el que se podrán introducir todas las mejoras que considere adecuadas el Poder Legislativo de nuestro país", ha apuntado la vicepresidenta primera en declaraciones a los medios de comunicación en la Embajada de España en Londres.

Calviño ha reconocido que la valoración del BCE "no es particularmente sorprendente", ya que lo que hace es señalar cuáles son los asuntos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones al imponer este tipo de gravámenes, "tanto en España como en cualquier otro país que lo pueda estar considerando". No obstante, ha subrayado que son cuestiones que ya había tenido en cuenta a la hora de diseñarlo.

El BCE publicó ayer un dictamen en el que cuestiona distintos aspectos del impuesto temporal que el Gobierno español quiere imponer al sector bancario al considerar que el gravamen podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.

La institución señala en su dictamen que, desde el punto de vista de la política monetaria, si bien los ingresos netos por intereses de los bancos suelen aumentar a medida que aumentan los tipos de interés oficiales, este efecto puede compensarse con un menor volumen de préstamos, así como por pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones como consecuencia del deterioro de la calidad de la cartera de crédito.

En medio de la polémica por el tributo extraordinario con el que el Gobierno pretende recaudar 3.000 millones en los dos próximos años, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha subrayado este viernes que el dictamen de la institución sobre el impuesto temporal a la banca que se está tramitando en España "trata de ayudar" al Gobierno y no es vinculante.

"Nuestra opinión trata de ayudar a los gobiernos y eso a menudo la gente lo olvida. No es vinculante", ha recordado Guindos durante su intervención la 11ª edición de la conferencia 'Energy Prospectives', organizada por el IESE y la Fundación Naturgy, donde también ha señalado la polarización de la opinión pública en España.

En este sentido, el exministro español de Economía ha subrayado que se trata de algo que el BCE ha hecho en ocasiones anteriores en el pasado con otros Estados de la eurozona que planeaban introducir impuestos a la banca. "La política fiscal no es nuestro trabajo pero tiene potenciales consecuencias en la solvencia de la banca, el crecimiento del crédito y las condiciones de financiación", ha añadido.

En cualquier caso, ha subrayado que la introducción del impuesto y su diseño "será una decisión democrática", tomada por el Parlamento español, por lo que el ángulo del BCE "es para ayudar". "Podrán seguirla o no porque no es vinculante", ha apostillado.

Las asociaciones representativas del sector financiero han valorado positivamente la postura del Banco Central Europeo (BCE) sobre los efectos perjudiciales del impuesto español a la banca. Fuentes de CECA consultadas por Europa Press hicieron una valoración positiva del "sólido y contundente" informe emitido por el BCE, en el que el regulador europeo confirmó los efectos perjudiciales que el sector ha puesto de manifiesto desde que se anunció la medida.

La asociación ha destacado que el BCE ha confirmado que el impuesto puede generar distorsiones en la competencia y afectar a la solvencia de las entidades, a su capacidad para conceder crédito y, por tanto, al crecimiento económico del país.