El Gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca a pesar de las reticencias del BCE
El Gobierno defiende que el informe del Banco Central Europeo sobre el tributo no plantea su paralización ni aconseja realizar cambios
El dictamen no vinculante del BCE advierte de los riesgos del impuesto para el sistema financiero y el crecimiento económico
El Partido Popular exige la retirada del gravameny señala que el informe evidencia que el Ejecutivo "gobierna desde el populismo"
Las numerosas consideraciones negativas que el Banco Central Europeo ha expresado sobre el futuro impuesto a la banca no cambiarán los planes del Gobierno. El Ejecutivo no tiene intención de modificar ese nuevo tributo extraordinario con el que espera recaudar 3.000 millones de euros en los dos próximos años y con el que quiere que el sector financiero (y el energético) contribuyan en el reparto de los costes provocados por el fuerte aumento de la inflación.
La decisión del Gobierno de seguir adelante la expresó la ministra de Hacienda poco después de conocer este jueves la opinión del BCE sobre el impuesto. El organismo pone en cuestión numerosos aspectos del nuevo tributo y reclama que vaya precedido de un análisis exhaustivo de “las posibles consecuencias negativas para el sector bancario”, para garantizar que “no planteen riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real”.
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A pesar de esta evaluación, la ministra María Jesús Montero aseguraba que “no hay ningún tema dentro del informe que indique o aconseje un cambio del impuesto, más allá de que cualquier nueva figura tributaria o prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo para ver cómo funciona”. Lo decía en el Congreso de los Diputados, donde actualmente se está llevando a cabo la tramitación del impuesto y donde, justo este jueves, se rechazaba la enmienda a la totalidad de la proposición de ley que había presentado Ciudadanos.
Las pegas que el BCE enumera en su dictamen no vinculante sobre el nuevo tributo advierten sobre los posibles efectos adversos en el sector financiero y el crecimiento económico, e introducen numerosas consideraciones para su puesta en marcha. Además, cuestiona la prohibición incluida en el proyecto de ley de que el gravamen no pueda trasladarse a los clientes, “ya que podría generar incertidumbre, así como riesgos operativos y de reputación para dichas entidades”. En cualquier caso, el Banco Central ya advierte de que sería difícil diferenciar si el gravamen se traslada de forma efectiva a los clientes o no.
Pero para la responsable de Hacienda todas esas opiniones no plantean la paralización del proyecto de ley y constituyen solo un pronunciamiento respecto a la prudencia de la puesta en marcha del tributo. “Antes de ponerlo en marcha, el Gobierno de España ya ha visto si el margen de los bancos les permitía poder abordar esta prestación patrimonial”, defendía Montero.
EL PP reclama su retirada
Las diferentes advertencias negativas del BCE sobre el impuesto a la banca sí han servido al principal partido de la oposición para exigir de forma inmediata la retirada del impuesto, que ya había sido duramente criticado. Lo hizo la portavoz parlamentaria del Partido Popular, advirtiendo del “alto riesgo” que supondría para la economía española “que el Gobierno se empeñe en seguir adelante” con la nueva figura.
“El contundente informe del BCE que pone en evidencia que gobernar desde el populismo y la improvisación tienen altos riesgos para la economía española. Lo que debiera de hacer el Gobierno es atender las indicaciones del Banco Central Europeo, no legislar de esta manera y retirar este impuesto”, reclamaba Cuca Gamarra.
Cómo funciona el nuevo impuesto a la banca
Estas críticas al nuevo gravamen de buena parte de la oposición se unen a que la patronal bancaria ha puesto sobre la mesa desde que el Gobierno anunciara el pasado julio su creación. La Asociación Española de Banca ha defendido todo este tiempo que se trata de una “discriminación fiscal tanto a nivel nacional como europeo” que será “perjudicial para la economía y para la inversión”.
La propuesta del Gobierno, que actualmente se está tramitando como proyecto de ley, es la de gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los márgenes netos de interés y comisiones que obtengan en España las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros.
El argumento del Ejecutivo, que ha defendido esta figura tributaria como una cuestión de justicia social, se basa en que el sector financiero ya está beneficiándose de las subidas de los tipos de interés, por lo que se pide un esfuerzo adicional para abordar la crisis a aquellos que tienen mayor beneficio. Los bancos, en cambio, aseguran que los llamados “beneficios extraordinarios” no responden más que a la normalización de los tipos de interés tras permanecer más de seis años en el cero o en negativo.
En cualquier caso, los resultados presentados recientemente por el sector financiero parecen demostrar que el negocio bancario atraviesa un buen momento. Así, las seis mayores entidades españolas obtuvieron en conjunto un beneficio neto de 16.014 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del 32% más con respecto al mismo periodo de 2021, excluyendo elementos extraordinarios que se registraron el ejercicio pasado, como el impacto de la fusión entre CaixaBank y Bankia.
En concepto de márgenes netos de interés y comisiones netas, las partidas que se gravarán con el nuevo impuesto, las principales entidades ingresaron hasta septiembre 22.453 millones de euros, un 6,01% más que un año antes.