Fijar precios, impuestos o cheque: las opciones del Gobierno para contener la subida de los alimentos

Contener la subida de alimentos, los productos de la cesta de la compra que más han subido en los últimos meses, es una de las medidas que estarán incluidas en el tercer paquete anticrisis que el Gobierno pretende aprobar antes de que acabe el año. El presidente Sánchez insistía este fin de semana en que en las próximas semanas se presentará un plan que estará dirigido a la “mayoría social”, y que incorporará "mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos".

Sin que el Ejecutivo haya ofrecido aún más detalles sobre cómo piensa frenar la inflación de los productos básicos de la cesta de la compra, que en octubre alcanzó su mayor nivel en casi cuatro décadas situándose en el 15,4%, lo que parece evidente es que en este asunto hay importantes diferencias en las posturas mantenidas por los dos socios del Gobierno.

Si la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ponía el foco en el papel de las grandes empresas distribuidoras de alimentación, a las que acusaba la pasada semana de estar beneficiándose de la crisis, el ministro de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señalaba que el incremento de los precios de la alimentación se derivaba básicamente del “incremento de todos los insumos que pesan sobre los mismos".

Las dos formaciones están de acuerdo, eso sí, en actuar ante el encarecimiento de los alimentos, pero tendrán que negociar con qué instrumentos lo hacen.

El pasado septiembre, Díaz ya encabezó una propuesta para que las grandes distribuidoras, de forma voluntaria, fijaran unos precios reducidos para los productos básicos de la cesta de la compra. Pero las empresas no recogieron el guante de esta iniciativa que, además, contó con el rechazo del ala socialista del Ejecutivo.

“Evidentemente, nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución", advirtió entonces el ministro Planas.

Una visión en la que coincide la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández, que considera que esa vía no es la adecuada para mitigar el impacto de las subidas. “La fijación de precios, aparte de la dudosa legalidad, produce muchas distorsiones en un mercado abierto, dinámico, en el que existe competencia: podría producir escasez de productos si los precios están por debajo de los de producción y perjudica a las distribuidoras más pequeñas que no tienen capacidad para absorber para reducir sus márgenes”.

Podemos adelantaba este lunes una de las medidas que negociará con sus socios en el Gobierno para que sea incluida en el tercer plan frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania: un cheque ayuda de entre 250 y 500 euros pagado una sola vez, en función de renta y situación social, para beneficiar a ocho millones de habitantes.

El empleo de esta ayuda quedaría, defiende la formación morada, a disposición de las familias, aunque su finalidad sería la de aliviar el aumento de los precios de productos de primera necesidad, especialmente sobre la alimentación.

“La entrega de un cheque puede ser razonable. Podría gastarse en los supermercados y, además, el Gobierno podría pactar con esas empresas de distribución alguna rebaja, de tal forma que ellas corrieran con una parte de esa ayuda. Por ejemplo, si el cheque fuera de 100 euros, las compañías luego recibirían 90”, reflexiona Fernández.

De esta forma la medida costaría menos a las arcas públicas a cuenta de menores márgenes en las cadenas de distribución que estuvieran dispuestas a participar en la iniciativa, que se focalizaría solo en determinados colectivos.

La entrega de un cheque ha sido también la opción elegida por el Gobierno francés para “indemnizar” a los consumidores por la inflación de otros productos de la cesta de la compra: los carburantes. En ese caso el Ejecutivo de Macron pagará 100 euros a 10 millones de franceses que tengan rentas bajas.

Otra de las propuestas que Podemos ha puesto ya sobre la mesa es la de desplegar un impuesto extraordinario a los beneficios de los grandes supermercados, con un tipo del 33% sobre sus márgenes gananciales. Estaría dirigido a provocar un efecto "disuasorio" para que estas cadenas no eleven los precios de la cesta de la compra.

Esta medida fiscal, que ha sido reclamada insistentemente en los últimos meses, también recibía ya el pasado septiembre la negativa del ministro de Agricultura y Alimentación, que defendía que la situación de las grandes empresas de distribución no tenía nada que ver con la de las energéticas o las entidades financieras, que sí están registrando unos ingresos extraordinarios y para las que el Gobierno ha creado nuevos impuestos.

Tampoco apoya el Ejecutivo la bajada del IVA a determinados productos propuesta por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) para reducir la inflación, por el “poco margen de maniobra” que implica. Y es que actualmente, la mayor parte de los alimentos tiene un IVA reducido del 10% y una buena parte, el superreducido del 4%.

Este miércoles se conocerá la cifra definitiva de inflación del mes de noviembre, que en su dato adelantado se situaba en el 6,8%. Será entonces cuando se pueda valorar también la evolución de los precios de los alimentos que ha llegado a doblar la tasa general de inflación. Productos como la harina y otros cereales, o el azúcar registraban incrementos interanuales del entorno del 40%; las hortalizas, del 26% o algunos aceites comestibles, de casi el 60%. 

“Los precios de la alimentación bajarán cuando lo hagan todas las tensiones que aún existen por el aumento de los productos energéticos, de los fertilizantes, de los cereales en los mercados internacionales por los problemas de abastecimiento por la guerra en Ucrania. Cuando todo eso termine, los costes bajarán y eso permitirá que bajen algo los precios de los alimentos desde los niveles en los que se han puesto”, pronostica la economista de Funcas.

Fernández señala, además, que las ayudas sociales para amortiguar la subida de los precios -como el cheque para determinados grupos de consumidores-, no servirán para reducir el IPC y advierte de que lo primero es no tomar medidas que puedan impulsarlo en sentido contrario, como la bonificación generalizada a los carburantes, que no están dirigidas a reducir el consumo.

“Llegará un momento en que la tasa general de inflación ya no suba, pero el poder adquisitivo que se ha perdido no se recuperará y los precios seguirán en el mismo nivel. Las tensiones no parecen haber terminado, aunque empieza a haber efectos escalón importantes, porque los precios ya habían empezado a subir a finales del año que pasado. Esto sí puede estabilizar la inflación de los alimentos en el nivel actual y podría empezar a bajar a partir de febrero, porque ya nos estaríamos comparando con los niveles de 2022”, concluye.