El BCE asegura que las políticas españolas han tenido un “mayor impacto” para frenar la crisis

Todos los países han respondido a la crisis con enormes cifras de gasto público. Sin embargo, aunque el volumen es parecido, hay muchas variaciones en el menú desplegado. La vicepresidenta española, Nadia Calviño, lleva semanas repitiendo el mismo discurso: se han ido adoptando las medidas necesarias y se sigue de cerca la situación para desplegar más si fuera necesario (como las ayudas al sector hostelería que todavía no se han aprobado). 

Un informe del Banco Central Europeo (BCE) ha venido a darle la razón a la ministra. Las medidas adoptadas para aliviar la carga a las empresas y sostener actividad, empleos y rentas han tenido “un impacto más fuerte en Italia y España que en Francia y Alemania”. Para Calviño esta conclusión es una muestra de “lo acertado de las decisiones” tomadas en nuestro país. “Una prueba de ello es que los instrumentos que ya pusimos en marcha en marzo, siguen vigentes a día de hoy. Las medidas siguen siendo las mismas”, defendía la ministra durante su participación en un foro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). 

El BCE ha analizado los planes de choque que han desplegado las cinco mayores economías del euro: Alemania, Francia, Italia, España y Holanda. Según sus simulaciones, el 36% de las empresas españolas habría tenido problemas de liquidez si no se hubieran adoptado medidas. Gracias a la flexibilidad y ahorro de costes que introdujeron los avales del ICO y los ERTE, este porcentaje se redujo por debajo del 10%. Es una de las mayores reducciones, por eso se habla de “mayor impacto” de las políticas. 

Sin embargo, el BCE también advierte que “la eficacia del apoyo se reduciría a largo plazo, ya que el estrés prolongado haría que algunas empresas no fueran viables”. Por eso ahora el enfoque se centra en el tipo de medidas que todavía no ha desplegado España: las ayudas directas a las empresas. Hay 10.000 millones disponibles para ‘salvar’ a compañías grandes y estratégicas. Pero haría falta algo diseñado para las pequeñas. Se viene insistiendo en esta idea desde hace semanas. La situación de crisis se está prolongando y los problemas que están apareciendo son diferentes. 

“Hay que abordar el deterioro de la situación financiera de los negocios”, sostenía el gobernador del Banco de España en el mismo acto de la APD. “Complementar las políticas con nuevas herramientas para reforzar las compañías de menor tamaño”, argumentaba Pablo Hernández de Cos. “La actuación tiene que seguir siendo contundente pero más focalizada. La estrategia para reducir los problemas de liquidez ha sido exitosa, ahora hay que modificar los instrumentos para luchar contra los riesgos de solvencia”. 

Solvencia quiere decir quiebra o posibilidad de cierre. 2020 será muy complicado: cerca de la mitad de todos los negocios cerrará con pérdidas, según el BdE.  Un 68% tendrá problemas de liquidez. Son diez puntos más que en un escenario sin pandemia. Y muchas de estas compañías, “más de la mitad” no tendrá capacidad de tirar de recursos para obtener ese dinero urgentemente, según ha explicado el gobernador. 

Se habla de rediseñar las herramientas pero se insiste también en la idea de no retirar estímulos de manera precipitada. Si fuera así, las economías podrían encontrarse ante un ‘efecto acantilado’; una caída brusca de la actividad. Una recaída nefasta. “Retirar de manera prematura las ayudas puede tener efectos perniciosos sobre la actividad y las propias cuentas públicas”, explicaba Hernández de Cos. 

“Poner fin a las medidas de manera abrupta podría provocar ‘efectos acantilado’ en los ingresos de los hogares y las empresas, y generar una reacción en cadena para la actividad económica en 2021”, según el análisis del BCE. En este caso, España sale algo mejor parada porque los países más expuestos a este riesgo son los que dependen más de las moratorias de impuestos y las ayudas directas. España y Francia, más dependientes de avales y ERTEs, podrían “mitigar” el ‘efecto acantilado’ en 2021 si se amplían estos esquemas de protección, argumenta el BCE.