Bruselas recibe el plan de España e inicia el examen para desembolsar 25.000 millones en 2021


El Ejecutivo ha solicitado a Europa de 69.500 millones de euros en subvenciones a fondo perdido entre 2021 y 2023
El documento del Gobierno contempla un centenar de reformas para acceder a 25.000 millones este año
Las autoridades europeas disponen de un plazo de dos meses para realizar su análisis y si dan luz verde a los fondos
"Hemos recibido el plan de recuperación y resiliencia de España" ha escrito este viernes en su cuenta de Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en un mensaje en el que anuncia que el plan Nex Genaration EU "financiará la recuperación del país, con proyectos vinculados a la transición verde y digital, la cohesión y la igualdad de género".
Al mensaje de Von Der Leyen ha contestado a través de la misma red social el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que agadece la confianza de Europa y dice que "los fondos y la estrategia de vacunación masiva son fundamentales para garantizar la recuperación de nuestra economía y reforzar el modelo de bienestar europeo. Por una economía más justa y una economía más resiliente", concluye el jefe del Ejecutivo.
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I am grateful for the confidence in Spain's #RecoveryPlan. #NextGenerationEU funds and the massive vaccination strategy are essential in order to ensure the recovery of our economy and to reinforce Europe's welfare model.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de abril de 2021
For a fairer economy and a more resilient economy. https://t.co/Dp9sjPMpiE
Más de cien reformas para acceder a 25.000 millones de euros
La Comisión Europea ha confirmado este viernes que ha recibido el plan de recuperación español, el documento con 102 reformas y 110 inversiones con las que el Gobierno pretende acceder a 25.000 millones de euros en ayudas europeas antes de que finalice 2021 y a un total de 140.000 millones durante los próximos seis años, siempre y cuando sea aprobado por la institución comunitaria y el resto de socios.
La llegada del texto a la capital europea supone el pistoletazo de salida para que el Ejecutivo comunitario inicie el examen del mismo. Las autoridades europeas disponen de un plazo de dos meses para realizar su análisis y si dan luz verde, el plan pasará a manos de los Estados miembros, que tendrán la última palabra.
Una vez aprobado, España recibirá un anticipo de 9.000 millones de euros, que sería el primer tramo y llegaría como muy pronto en julio, siempre que todos los Estados miembros hayan ratificado en sus parlamentos nacionales la normativa que permite a Bruselas emitir la deuda con la que financiará este plan de inversiones de 800.000 millones (750.000 millones a precios de 2018).
Después del anticipo, cualquier desembolso de ayudas está condicionado al cumplimiento de una serie de metas e hitos que el Gobierno habrá pactado con la Comisión Europea. En este sentido, el Ejecutivo español confía en poder recibir un primer desembolso de 16.000 millones de euros porque considera que ya ha cumplido gran parte de los objetivos acordados.
Los pagos a España a cargo del fondo europeo --bautizado como Next Generation EU-- a lo largo de este año se completarían con otros 2.000 millones procedentes de la partida REACT-EU, cuyo desembolso sigue otra vía y no depende del plan de recuperación, puesto que son ayudas destinadas a las comunidades autónomas para reforzar los sistemas sanitarios y educativos.
Así, el Gobierno confía en recibir 27.000 millones de euros en ayudas europeas procedentes del plan anticrisis de la UE en 2021. El resto se irían desembolsando en pagos semestrales hasta 2026 a medida que se van cumpliendo las metas e hitos pactados con las autoridades comunitarias. En total, España espera absorber 140.000 millones, de los cuales unos 70.000 tendrán la forma de transferencias directas no reembolsables.
Meses de negociación
La entrega del plan español de recuperación culmina meses de negociación Gobierno y la Comisión Europea, que ahora deberá examinar el documento. Los últimos contactos, de hecho, tuvieron lugar la pasada semana, cuando las vicepresidentas de Asuntos Económicos y de Trabajo, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente, se entrevistaron con el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.
El plan fue desvelado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y está articulado en cuatro ejes, 30 componentes y 212 medidas: 110 inversiones y 102 reformas. De ellas, las más controvertidas son la reforma del mercado de trabajo y la reforma del sistema público de pensiones, sin las cuales no sería posible acceder a las ayudas.
De forma general, el documento español prevé destinar un 39% de los fondos a la transición ecológica, un 29% a la transformación digital, un 10,5% a la educación y la formación y un 7% a la I+D+i.
La intención del Gobierno es concentrar el despliegue de las inversiones en los primeros tres años del fondo y canalizar con ellas 70.000 millones de euros entre este año y 2023 para impulsar la recuperación con firmeza. Entre los principales sectores objetivo están la movilidad sostenible, la renovación de edificios públicos y viviendas o la modernización de la administración pública.
Además del plan español, Bruselas ha recibido este viernes las propuestas de Luxemburgo, Dinamarca y Letonia, con lo que apenas son nueve los países que han cumplido con la entrega de sus planes en el plazo formalmente fijado y que concluye este viernes. Portugal fue el primer país en enviar su plan de reformas e inversiones y le siguieron Grecia, Francia, Alemania y Eslovaquia.
El vicepresidente de la Comisión responsable de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, sin embargo, ya avisó de que estaba dispuesto a cierta flexibilidad en los tiempos en aras de asegurar la calidad de los planes enviados.
Las previsiones económicas del Gobieno
El cuadro macroeconómico del Gobierno contempla un crecimiento del PIB del 6,5% para este año, por debajo de casi el 10% previsto inicialmente, debido al "fuerte impacto" a la tercera ola, aunque se elevará el ritmo de crecimiento al 7% en 2022. Para los ejercicios siguientes, la evolución de la economía va a ir convergiendo hacia su crecimiento potencial con el avance previsto del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024.
En cuanto al déficit, se ha elevado la previsión de déficit para el año 2021 hasta el 8,4% del PIB, lo que supone siete décimas más respecto a la previsión del 7,7% recogida en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
De cara a 2022, el déficit se situará en el 5%; en el 4% en 2023 y en el 3,2% en el año 2024, cerca ya de salir del procedimiento de déficit excesivo, a lo que contribuirá tanto las reformas pendientes como los cambios fiscales que se aprueben.
Sobre la deuda pública, el Ejecutivo prevé que se sitúe este año en el 119,5% del PIB, frente al 120% de 2020, según las previsiones del Ejecutivo, mientras que se reducirá al 115,1% en 2022, al 113,5% en 2023 y al 112,1% en 2024.
Más ingresos por impuestos en 2021
Las proyecciones, que responden a un escenario inercial y que por tanto no incorporan nuevas medidas tributarias, apuntan a un incremento de los ingresos del 5,7% en 2021 en comparación con un año antes, hasta los 489.643 millones de euros.
Así, en materia de fiscalidad, el Ejecutivo desgrana en el Programa de Estabilidad los impuestos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a 2021, incidiendo en la adaptación del sistema tributario a la economía digital, con las tasas 'Google' y 'Tobin', así como en el impulso de la nueva fiscalidad 'verde' o las medidas para luchar contra el fraude que el Ejecutivo espera que "entren en vigor en los próximos meses".
En total, los ingresos por impuestos aumentarán un 7,6% este año, para alcanzar los 275.243 millones de euros, cifra que se queda a las puertas de la del año 2019 (277.483 millones de euros).
Según ha explicado Hacienda, los ingresos tributarios crecen este año además por la adopción de medidas fiscales que generan ingresos adicionales con su entrada en vigor en este ejercicio.
En el caso del IRPF, el Gobierno prevé que crecerá un 5,9%, pasando de 98.888 millones en 2020 a 104.709 millones en 2021, gracias también a las medidas puestas en marcha para garantizar las rentas de las familias y autónomos; mientras que el Impuesto de Sociedades aumentará un 13,9%, hasta los 25.177 millones, por la mejora de los beneficios empresariales y por las menores devoluciones respecto a 2020.
En cuanto al IVA, se espera un incremento del 7,8%, hasta los 76.079 millones por la mejora de la demanda interna, mientras que para los Impuestos Especiales se prevé un crecimiento del 4,6%, hasta los 21.491 millones.
Las cotizaciones sociales, por su parte, aumentarán un 1,8% este año, un comportamiento afectado por las medidas laborales del Gobierno, que se verá compensado por la paulatina recuperación del mercado laboral, tanto en empleo como en remuneración.
Los gastos subirán un 0,9%
En cuanto a los gastos, se estima que se incrementen este año un 0,9%, hasta los 591.789 millones, de acuerdo con las proyecciones. Pero en porcentaje sobre el PIB bajarán desde el 52,28% de 2020 hasta el 48,9% de 2021.
En años sucesivos, en un escenario inercial se mantendría la evolución a la baja hasta volver en 2024 a los niveles pre-Covid, ligeramente por encima del 42% del PIB.
Entre los gastos, destaca que los destinados a abonar los intereses de la deuda caerán este año un 2%. Esta partida pasará a representar el 2% del PIB desde el 2,2% de 2020.
Asimismo, el gasto en subvenciones disminuirá un 18,3% debido al menor impacto esperado en 2021 de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, tanto de los trabajadores en ERTE como de los autónomos en cese de actividad. Los menores ingresos por cotizaciones derivados de estas medidas de apoyo a trabajadores y empresas computan en la rúbrica de subvenciones.
Reformas controvertidas para acceder a los fondos de la UE
En cuanto al Programa Nacional de Reformas, se recogen las reformas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque sin entrar demasiado en detalle en ninguna de ellas.
Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.
En concreto, en materia laboral se incluye la simplificación de los tipos de contratos en España a un total de tres, con el fin de reducir la dualidad del mercado o una revisión "profunda" de todos los impuestos para aumentar los ingresos.
En total, se movilizarán en el primer periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto "inmediato" en la economía y en el empleo este mismo año. Los otros 70.000 millones se gestionarán en los tres años siguientes.
En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.