La Justicia europea frena la lucha contra los paraísos fiscales

El golpe es durísimo. La decisión, recurrible, del Tribunal General de la UE (TUE) de anular el dictamen de la Comisión Europea que obligaba a la Hacienda irlandesa a cobrar a Apple 13.000 millones de euros en impuestos no pagados en otros países europeos, África, India y Oriente medio, destroza parte de la política de Competencia europea y frena la lucha contra los paraísos fiscales.

El dictamen, de confirmarse en la instancia superior siempre y cuando el Ejecutivo europeo decida recurrir, es una clara victoria de las multinacionales que aprovechan las políticas fiscales agresivas de gobiernos como el irlandés, el holandés o el luxemburgués para eludir el pago de impuestos en el resto de Estados miembros de la UE a cambio de pagar un minúsculo impuesto de Sociedades en la jurisdicción fiscal con la que pactan.

El comunicado del Tribunal es brutal, al punto de alegar que la Comisión Europea cometió “errores” y no fue diligente al presentar todas las pruebas necesarias para defender su caso. No deja apenas margen de interpretación. Es una derrota histórica que marcará el debate actual sobre impuestos a multinacionales digitales. La vía que buscó la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea Margrete Vestager para evitar favores fiscales a multinacionales queda cegada.

Malo para la lucha contra la evasión fiscal

El dictamen debilita la lucha contra la evasión fiscal de las multinacionales y es una clara victoria para los países que unieron sus votos para derrotar la candidatura de la vicepresidenta Nadia Calviño a la jefatura del Eurogrupo. Su rival, el irlandés Paschal Donohoe, es precisamente el ministro de Finanzas que hoy estará aplaudiendo el no tener que ingresar 13.000 millones de euros, equivalente al 3,7% de su PIB, al 15% de toda su deuda pública o al 75% del gasto sanitario irlandés anual.

Donohoe se alegrará de no tener que cobrar esa suma porque lo contrario hubiera sido un durísimo golpe para el sistema fiscal irlandés, basado en atraer a multinacionales a cambio de cobrarles un impuesto de Sociedades minúsculo y permitirles eludir el pago de impuestos en otros países.

Unos entramados que practican otros países y que la Comisión Europea pretendía empezar a frenar. A cambio de no pagar o pagar muy pocos impuestos en decenas de países, Apple paga a Irlanda el 0,005% de sus beneficios globales desviando de forma ficticia sus beneficios a su subsidiaria irlandesa.

Malo para el papel de Bruselas como regulador

Es además un duro golpe al intento de la Comisión Europea de convertirse en una especie de regulador supranacional –como denuncia Estados Unidos- a través de su política de Competencia. También supone un varapalo a las políticas europeas que buscan limitar la forma en que gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook o la propia Apple abusan de su posición de mercado dominante.

La decisión judicial de este miércoles puede también servir de precedente judicial para una larga serie de dictámenes de la Comisión Europea contra Estados miembros por sus pactos con multinacionales que podrían haber violado las normas que rigen las ayudas de Estado, además de succionado ingresos fiscales a sus supuestos “socios” europeos.

El dictamen es finalmente un golpe muy duro contra Vestager. La danesa, que durante años se forjó una imagen de Elliot Ness, de intratable e incorruptible brazo legal contra los abusos de las multinacionales, está viendo su obra destrozada por los jueces. Su antecesor, el español Joaquín Almunia, fue muchas veces criticado por ser demasiado cauto. El arrojo de Vestager puede costar más caro.

Eurodiputados como el alemán Markus Feber decían esta mañana: “A veces se aconsejó correctamente a la comisaria de Competencia que frenara sus ganas de conseguir titulares y se centrara en preparar sus casos mejor para que se sostuvieran ante los tribunales”.

¿Una vía más directa y radical?

El dictamen sí puede hacer que Bruselas, según desvelaba el martes el diario 'Financial Times', se decida por usar el artículo 116 del Tratado de la UE para cargar contra estos instrumentos –conocidos como tax rulings-. Ese artículo le permitiría alegar que esos acuerdos suponen una distorsión del mercado común. La utilización del artículo 116 se puede hacer por mayoría cualificada (55% de Estados que representen al 65% de la población de la UE), evitando así el veto de países como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, contrarios a cualquier tipo de armonización fiscal.

El tema de la lucha contra estos sistemas de elusión fiscal llegó a la agenda de Bruselas para quedarse. La presidencia alemana lo tiene como prioridad y el Parlamento Europeo decidió la creación de un subcomité. Una fuente comunitaria decía esta mañana: “la evasión fiscal es un asunto político, no sólo jurídico. La Comisión se equivocó poniendo todos los huevos en el cesto jurídico. Toca dar la batalla política”.

La Comisión Europea reaccionó poco después del mediodía. En un comunicado, Bruselas asegura que seguirá “vigilando los planes fiscales agresivos bajo la normativa europea de ayudas de Estado por si se pudieran considerar ayudas de Estado ilegales”. Pero, “a la vez”, anuncia: “La aplicación (de la normativa de Ayudas de Estado) necesita ir de la mano de un cambio en la filosofía y la legislación corporativa”.