La ley contra el fraude fiscal limitará a 1.000 euros el pago en efectivo entre profesionales
El Gobierno calcula que las nuevas medidas antifraude tendrían un impacto de 828 millones el próximo año
Tolerancia cero con el fraude fiscal. Ese es principio que según el Ejecutivo inspira el Proyecto de Ley contra el fraude fiscal aprobado este martes por el Consejo de Minsitros. "Para este Gobierno la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad, porque no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus obligaciones con el resto. Esto genera un deterioro en la recaudación necesaria para blindar los servicios públcicos", ha asegurado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.
Entre las medidas de la nueva la nueva normativa antifraude se incluye la limitación el pago en efectivo a 1.000 euros para las operaciones entre empresarios o entre profesionales. Entre particulares se mantiene en límite anterior de 2.500 euros. "La idea es seguir reduciendo el importe de los pagos en efectivo para luchar contra la economía sumergida", ha señalado Montero.
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El proyecto de ley, que pretende hacer frente a los fraudes realizados con nuevas tecnologías, prevé reforzar el control sobre los grandes patrimonios y sobre las grandes multinacionales digitales.
Así se prohíbe el denominado 'software de doble uso', se trata de programas informáticos utilizados para manipular al contabildad. La nueva ley obliga a que estos sistemas se ajusten a requisitos que garanticen la trazabilidad y la accesibilidad a los registros. Además, se establece un régimen de sanción para quienes fabrican estos disponsitivos.
La nueva norma incluye también un mayor control de las criptomonedas, sobre las que obliga a informar de saldo y titulares de estas monedas virtuales, así como de las actividades que se realizan con ellas.
El Gobierno ha incluído además la prohibición por ley de las amnistías fiscales. “Se acabó pedonar a incumplidores como han hecho otros gobiernos, creando agraviod comparativos con los millones de españoles que sí cumplen con sus obligaciones fiscales”.
Por último, se amplía la lista de deudores tributarios disminuyendo el umbral de un millón a 600.000 euros con el fin de agilizar el pago de la deuda.
Estas medidas podrían tener, según los cálculos del Ejecutivo, un impacto de 828 millones de euros adicionales en un solo ejerecicio contable