Bruselas pone las condiciones para recibir las transferencias del fondo anticrisis

La Comisión Europea quiere comprometer en dos años, 2021 y 2022, el 60% de los 500.000 millones de euros del plan anticrisis que irán a transferencias. A España, según la clave de reparto propuesta por el equipo de Von der Leyen, le podrían tocar casi 45.000 millones de euros en transferencias directas en esos dos años.

La idea del Ejecutivo europeo consiste en usar el plan anticrisis como un instrumento anticíclico que ayude a que la salida de la crisis sea lo más cercana posible a una forma de V. Dombrovskis, el hombre que debía ser el patrón europeo del control de las cuentas públicas, un conservador ortodoxo, busca un nuevo papel asumiendo el control de las recomendaciones del Semestre Europeo.

Dombrovskis dijo el jueves que el plan “ayudará a sacar a Europa de este choque, pero también a acelerar hacia la transición ecológica y digital. Da un apoyo financiero mayor a las reformas y al esfuerzo inversor, en línea con el Semestre Europeo”. No se trata de ajustar, recortar o como graciosamente prefieran llamarlo sino de invertir en sectores que aumenten el potencial de crecimiento de la economía.

Lucía Velasco, economista especializada en digitalización, explicó a NIUS que Bruselas acierta al poner el énfasis en la transición energética y ecológica y en digitalización porque “son las palancas generadoras de valor añadido y cambio de modelo. Son además transversales”.

Bruselas empezó a poner este jueves la letra pequeña. Los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni explicaron que los fondos empezarán a entregarse una vez los gobiernos se comprometan en sus planes nacionales de reformas económicas a seguir las recomendaciones que emite el Ejecutivo europeo, dos veces al año, en su ejercicio de control económico llamado “Semestre Europeo”.

La Comisión Europea quiere usar el plan anticrisis para imponer de forma obligatoria lo que hasta ahora se quedaba en recomendaciones. En los últimos años, a España le ha pedido por ejemplo mejorar las políticas activas de empleo, reducir la tasa de empleo temporal, mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, mejorar el sistema educativo. Por ejemplo, cambios en la reforma laboral que corrijan sus efectos negativos serían aceptables y hasta aplaudidos. Derogarla no.

Dombrovskis dijo: “Los planes nacionales de reformas deben hacer frente a los desafíos económicos y sociales. Esto significa modernizar las economías. La Comisión también buscará que (los planes de reformas) sean coherentes con las políticas climáticas y con los programas europeos”. Una vez en Bruselas, la Comisión tendrá como máximo cuatro meses para estudiar y, en su caso, pedir correcciones, en los planes nacionales.

Su compañero Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, decía este jueves que Bruselas no busca recortes como en la última crisis: “Esto no es un programa de ajuste con nombre distinto, no habrá troika. Es una nueva herramienta que primero es voluntaria, y segundo, está basada en prioridades nacionales”. Gentiloni reconoció que los proyectos a financiar deberán respetar las prioridades expuestas en el plan.

El plan anti-crisis tendrá así condiciones que tendrán que traducirse en reformas e inversiones, principalmente ecológicas y digitales. El dinero, como pasa con los fondos de cohesión desde hace décadas, se entregará para financiar proyectos concretos, por lo que los gobiernos deberán ponerse las pilas para presentar a Bruselas proyectos que cumplan las condiciones y puedan recibir ese dinero.

Esa condicionalidad, aunque sea mucho menor que las impuestas con los rescates de hace casi una década, sirve a la Comisión Europea para intentar convencer a los países más reticentes con el plan (Austria, Países Bajos y Suecia, a un menor nivel Dinamarca y Finlandia) pues les daría el argumento de que hay dinero a cambio de reformas.

Paul Schmidt, analista de la Austrian Society for European Politics, cree que el Gobierno austríaco aceptará el plan “si se cambian algunos detalles, aunque explica que no cree que tenga que ver con la presencia de los ecologistas en la coalición porque tienen poco peso en asuntos europeos”.

Eric Maurice, responsable de la oficina de Bruselas del Centro Robert Schuman, argumentaba este viernes que los países que todavía rechazan el plan “no han entendido todavía la situación de 2020: la quiebra de unos es la quiebra de todos. No está en juego la estabilidad financiera y bancaria sino el sistema económico y político europeo en su núcleo, el mercado común”.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, el hombre encargado del ‘European Green Deal’, decía el jueves que el plan anticrisis “se asegurará de que la recuperación económica se base en transiciones digitales y ecológicas".

Timmermans se preguntaba de forma retórica: “¿Reconstruimos lo que teníamos antes o aprovechamos la oportunidad para reestructurar?”. Y se contestaba así: “Lo que hacemos es poner los recursos para apoyar una transición ecológica que beneficie a todos los europeos”.

La apuesta por la transición ecológica es clara. El Fondo para la Transición Justa, un paquete dentro del presupuesto comunitario destinado a las regiones más afectadas por la transición hacia una economía sin carbono, pasaría de 7.500 a 40.000 millones de euros. Con Polonia como primer destinatario (se podría llevar hasta 8.000 millones), España podría recibir casi 2.000 millones, que irían directamente a regiones que vieran, por ejemplo, cerrar centrales de carbón. A cambio, ninguna inversión podrá ir contra los objetivos europeos de reducción de emisiones.

Los gobiernos deben preparar planes nacionales que deben estar en Bruselas antes de cada 30 de abril. En esos planes detallarán en qué quieren usar el dinero y cómo esa inversión coincide con los objetivos del plan y cómo irá cumpliéndose por fases e hitos. Bruselas irá analizando si el plan se va cumpliendo e irá entregando el dinero según su cumplimiento.

Velasco cuenta que el Gobierno “tiene una agenda que lleva trabajando dos años” y que este plan “es una oportunidad única”. Ve como obstáculo “que lo pueda obstaculizar la burocracia, que requiere de mucho tiempo desde que se decide una cosa hasta que se hace realidad”.