La revalorización de las pensiones con el IPC añadirá un gasto extra de 25.000 millones hasta 2050
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social explican que ese aumento de gasto quedará compensado por otras medidas
El Gobierno calcula que la edad real de jubilación aumentará hasta los 66,5 años en 2050, dos más que ahora
Las pensiones subirán lo mismo que el IPC y en caso de que un año los precios estén en negativo, las pagas de los jubilados no bajarán, sino que se quedarán igual. Así queda reflejado en el principio de alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos este lunes y que todavía debe ser ratificado por los órganos de gobierno de la CEOE este martes. Esa subida supondrá un gasto extra de 2,5 puntos del PIB de aquí a 2050, según explican fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Traducido en euros supone un desembolso adicional de unos 25.000 millones de euros en los próximos años. Sin embargo, esas fuentes aseguran que ese aumento queda compensado con otras medidas que harán que el sistema “sea sostenible”.
No resultará una tarea fácil. El gasto en pensiones ha marcado un nuevo récord en junio hasta los 10.180 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020, según datos del Ministerio de Seguridad Social.
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Pero, ¿cómo conseguirá el Gobierno que el gasto no se dispare? En primer lugar, el Ejecutivo confía en acercar la edad real a la que se jubilan los trabajadores a la edad legal.
- Ahora mismo la edad efectiva está en 64,6 años. La edad legal está en 66 años para quienes tengan cotizados menos de 37 años y tres meses.
- En 2050 el Gobierno prevé que la edad real de jubilación suba hasta los 66,5 años, dos años más que ahora. Entonces, la edad real de jubilación estará en los 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses.
Para conseguir que los trabajadores alarguen su vida laboral se penalizará hasta un 21% para quienes decidan prejubilarse de manera anticipada. También quienes decidan retrasar su jubilación de manera voluntaria recibirán un incentivo del 4% al año – actualmente es del 2%.
Así figura en el acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales y que llegará a la mesa de Consejo de Ministros el martes 6 de julio. Posteriormente se tramitará como proyecto de ley para que los grupos introduzcan sus enmiendas. El texto debería ver la luz a finales de año para que entrara en vigor en 2022.
Además, en la nueva ley el Estado hará cada año una transferencia a la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB, unos 21.000 millones de euros, para liberarla de los gastos impropios.
Los puntos más espinosos, en una segunda fase
Todos esos puntos forman parte de un primer paquete de medidas sobre la reforma de las pensiones. Pero a partir de ahora Gobierno, patronal y sindicatos tienen que volver a la mesa de negociación para ver si se ponen de acuerdo sobre la segunda pata de esa reforma, la que contiene los puntos más espinosos. La mesa del diálogo social debería alcanzar ese segundo acuerdo antes de noviembre para que se incorporara a la ley.
El Ejecutivo y los agentes sociales han acordado eliminar el factor de sostenibilidad, que aprobó el Gobierno del PP en 2013. Ese mecanismo ligaba la pensión a la esperanza de vida. A más años de vida, pensiones más bajas, según denunciaron los sindicatos. Debía entrar en vigor en 2023. Pero ahora será sustituido por otra fórmula que el ministro Escrivá ha bautizado como “mecanismo de equidad intergeneracional”, que previsiblemente estará ligado a la esperanza de vida. Habrá que ver si son capaces de ponerse de acuerdo en este punto.
Para esta segunda partes se dejan también otros aspectos como las cotizaciones de los autónomos en función de sus ingresos reales o el incremento de las bases máximas de cotización. Todo esto con la mirada puesta en 2050, es entonces cuando se prevé el mayor número de pensionistas, con la jubilación de la generación del ‘baby boom’.