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Un CO2 por las nubes dispara el apetito de los especuladores: su presencia en este mercado se triplica desde 2018

  • A principios de 2018 había 89 operadores financieros en el mercado de carbono europeo. Ahora rondan los 270, según Vertis Environmental Finance

  • Las industrias que emiten CO2 y tienen que comprar los derechos de emisión temen el impacto en sus cuentas por este sobrecoste no esperado

La economía es el típico lugar lleno de buenas ideas sobre el papel que pueden resultar (a veces) un desastre en el mundo real. Algunos podrían pensar precisamente eso del mercado del CO2 viendo lo que está ocurriendo en Europa. Desde el pasado mes de diciembre, los precios de los derechos por contaminar han subido un 80% y las empresas que los tienen que comprar sí o sí tiemblan con la factura que les viene encima este año de la recuperación.

El Gobierno está valorando compensarles con hasta un 25% del coste de las emisiones, según trasladó la ministra Teresa Ribera esta semana a la asociación de azulejeros ASCER, uno de los sectores más afectados. La normativa permite a los gobiernos (los que cobran los derechos de CO2) destinar hasta el 25% de lo que ingresan a compensar a las empresas "en riesgo de deslocalización". Es decir, a las que la transición ecológica les penalice tanto que les salga a cuenta trasladar el negocio a otro país. 

La titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya anunció hace un mes que se iban a destinar 100 millones adicionales a compensar a las actividades más afectadas por el encarecimiento del CO2. En total, el presupuesto para esta partida se sitúa en los 179 millones, el máximo hasta la fecha. 

Factores que explican esta subida

Hay razones técnicas que explican esta subida de los derechos de emisión:

  1. El propio avance de la transición energética. Si la Unión Europea (UE) quiere ser más verde eso significa menos CO2. Los derechos por contaminar se encarecen porque habrá menos disponibles en el futuro.
  2. Se está generando más electricidad con carbón y gas para cubrir la demanda en Europa. Y estas centrales necesitan adquirir CO2.

Pero hay otro factor: la especulación. Es una queja recurrente de las empresas que no tienen más remedio que acudir al mercado de carbono para comprar derechos por contaminar. Esta semana el Gobierno se ponía algo de su lado al pedir a Bruselas que se abriera un debate “sobre la liquidez de este mercado y los agentes autorizados a operar en él”.

Las perspectivas en el sector del carbono han convertido a los derechos de emisión en una inversión atractiva para algunas entidades financieras y fondos. Los números hablan por sí solos. “Este grupo de operadores ha crecido significativamente desde enero de 2018. Ese mes eran 89 los participantes que mantenían posiciones de futuros en el mercado de carbono. A mediados de mayo de este año 2021 eran 269”, explica Andrés Gangutia Fernández, operador de CO2 de Vertis Environmental Finance. Se han triplicado.

La aparición de estos actores “pudo haber contribuido a un aumento de los precios”, admite Gangutia. “Pero también impulsó la liquidez en instrumentos como futuros y opciones, que es beneficioso para todos los participantes del mercado”.

La otra cuestión es qué empresas tienen dinero de sobra para poder cerrar un contrato a largo plazo con uno de esos operadores y olvidarse del riesgo del precio del CO2. “Hablamos de mucho dinero. Hay que tener liquidez para poder cerrar posiciones a uno o dos años. Hay empresas que lo han hecho, que han sido previsoras. Pero a estos precios que estamos viendo, lo veo complicado”, explica Alberto Echavarria, secretario general de la patronal azulejera ASCER.

Este sector cerámico pagó en conjunto cinco millones de euros en derechos de CO2 en 2018. Este año el coste podría multiplicarse por diez. “A los precios actuales, supondría destinar 50 millones. Es más que el acumulado de todos los años desde que se creó este sistema de emisiones. Es una locura”, opina Echavarria.

El caso es que el mercado del CO2 se creó para favorecer la transición a las energías verdes y no para hacer morir en el intento a las actividades contaminantes. Se ha convertido en “una guillotina”, decía la ministra Ribera en el Congreso, "para los consumidores industriales y los domésticos (que también por culpa en parte del CO2 pagan una luz más cara que nunca)".

La teoría de los derechos de CO2 era generar incentivos económicos para reducir emisiones”, explica el secretario general de ASCER. Si una empresa invertía en energías limpias podía vender los derechos por contaminar que le sobraban. Pero cada vez se asignan menos derechos gratuitos y encima son muy caros de repente. “Ahora sigue estando el mensaje incentivador en el mercado de carbono”, apunta Echavarria, “pero te manda hacia otro lado: hacia la deslocalización”.