La Ley de Movilidad Sostenible, a “impulsar el uso del transporte público en detrimento del privado”

En un evento celebrado esta semana, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desveló en parte cómo será la principal ley que regirá nuestra movilidad en el futuro. El gobierno pretende “descarbonizar y digitalizar la movilidad e impulsar el uso del transporte público en detrimento del vehículo privado” con la intención de “contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire”.

Es el mismo gobierno que no escuchó cuando casi todos los actores de la automoción le pidieron que ayudase a los ciudadanos a sustituir sus coches viejos por otros nuevos mucho menos contaminantes mediante un Plan Moves menos electroexigente. Que atendiera a los usados jóvenes, campeones de la circularidad. El país del parque móvil nacional con una edad media de 13,5 años (datos de Anfac de 2021) que no para de crecer. En el que el coche más vendido es el usado diésel de más de 15 años que, con sus emisiones debidas una tecnología obsoleta, se convierte en el sumidero del resto de esfuerzos en electrificación.

Un Ejecutivo que a juicio de muchos parece mantener una cruzada contra el vehículo del ciudadano particular, idea que el título parece reforzar. ¿Por razones de sostenibilidad?. Pues es el mismo gobierno que ha desoído con tenacidad la petición de todo el sector sobre que se eliminase el IVA de los eléctricos, medida que ha funcionado de maravilla en Portugal con un 17% de cuota de ventas de eléctricos puros y 30% si se suman los enchufables (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, sept. 2022) frente al 5% en España (11,15% sumando los enchufables).

También toca pensar en detrimento de quienes va a ir esta filosofía. A quienes se va a quitar la posibilidad de desplazarse con libertad de elección. No será a los que se pueden permitir el lujo de comprarse vehículos con etiqueta Cero Emisiones, que sí podrán seguir ingresando en el centro de las ciudades. Da igual que hasta representantes de UGT-FICA digan que “a lo mejor en eso encontramos una brecha social de movilidad que nos debería hacer pensar”.

Este es un mensaje que seguro va a alegrar mucho a todos los fabricantes, suministradores, distribuidores, talleres... que proporcionan cientos de miles de trabajos en nuestro país. Tampoco ha calado el de que nosotros no podemos aplicar las mismas recetas que países que no tienen industria de automoción porque aquí nos jugamos el pan en ello. Y que debemos ejecutar acciones distintas, persiguiendo el mismo resultado de la descarbonización y la electrificación, aunque con una perspectiva personalizada y adaptada a nuestras circunstancias.

Raquel Sánchez dijo que en España:

-El 27,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte (5 puntos más que Europa).

-En las ciudades se concentra el 70% de las emisiones y de ellas el 40% corresponden a la circulación urbana.

-Y por esto, Sánchez quiere priorizar “un transporte público libre de emisiones, que es el que concentra el 60% de todos los viajes urbanos”.

Datos significativos que dan coherencia a sus intenciones. Hasta que surge una pregunta: ¿No sería mejor tener primero ese transporte libre de emisiones antes de priorizarlo?. Es más, ¿no vamos a incrementar el problema de emisiones si potenciamos el transporte público -que concentra el 60% de las emisiones- antes de volverlo “verde”?

Desglosó así la ministra algunos aspectos de máxima relevancia:

-Pago por uso en autopistas: Sobre la financiación del mantenimiento de las autopistas y el conocido como pago por uso, dijo que “el Gobierno no tiene intención de implantarlo sin contar con el consenso del sector”. Sin embargo recordó que “los principios de “el que usa, paga” y “el que contamina paga”, están planteados hace muchos años en Europa”. Es evidente que con el momento económico actual esta sería una medida políticamente contraproducente para el partido que la aplicase. Pero el final suena a advertencia, a aviso de que queda en el disparadero a la espera de la mínima oportunidad para ser implantada.

-Viajeros, al tren: La ministra adelantó que los Presupuestos Generales del Estado ya cuentan con una inversión en movilidad sostenible de 13.000 millones de euros. De ellos, 8.000 estarán dirigidos al ferrocarril en todas sus divisiones, quedando 5.000 para todo el resto de transportes.

Una asignación coherente con los dos principales objetivos ambientales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): contribuir a reducir un 35% en tráfico en zonas de bajas emisiones y a alcanzar la cuota del 10% en el transporte de mercancías por ferrocarril en el horizonte de 2030.

-Estudio de rentabilidad: Esta ley instaurará un Sistema Nacional de Movilidad, basado en la información compartida. Con esto se refiere a que “se incrementará la cooperación entre Administraciones”. Así, “nunca más se construirán aeropuertos sin aviones o estaciones sin usuarios y en medio de la nada”. Sánchez afirma que con esta nueva ley se mejorará la gobernanza de las infraestructuras, al ser este el principal destino de la inversión pública. Por ejemplo, será obligatorio realizar una evaluación multimodal previa a la construcción de una nueva infraestructura, de forma que cada nueva obra deberá someterse previamente a un riguroso estudio de rentabilidad socioeconómica”. Una medida muy interesante y adecuada a priori. Esperemos que no se refleje en trabas y retrasos burocráticos de no acompañarse de medios y agilidad en la gestión, como hemos podido comprobar en otros casos como los Planes Moves o incluso los Pertes.

-Datos en abierto: Pero lo de compartir se amplía también a los datos. Según la ministra, así se “fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos, procedentes tanto de operadores públicos como privados, lo que aumentará la competitividad y la eficiencia y abrirá nuevas oportunidades de negocio a empresas emergentes”. Otra buena medida en principio.

-Sostenibilidad y empleos: La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada pretende “convertir a nuestro país en un referente mundial de la movilidad sostenible”. Y añadió que “se estima la creación en el medio plazo de 180.000 puestos de trabajo altamente cualificados y una aportación al Producto Interior Bruto del entorno de los 20.000 millones de euros”. En el entorno de negocios, el medio plazo se suele cifrar en unos cinco años. De momento no sabemos quién ni cómo ha estimado esas cifras. Entendemos que el propio Ministerio. Si se cumplen sería como sumar un PIB similar al de Asturias que en 2021 fue de unos 21.500 millones de euros. Y 180.000 eran los empleados de ACS en 2020, la segunda empresa de España con mayor número de trabajadores tras el Banco de Santander, con 190.000.

-Soluciones innovadoras: Se regulará el transporte a la demanda (¿VTC?), los coches compartidos o el uso temporal de vehículos (¿alquiler?). Y también los vehículos autónomos o sin conductor, como los drones y otros vehículos aéreos no tripulados, los vehículos sin conductor por carretera y los trenes y barcos autónomos. No se ha explicado cómo de momento.

-Fondo Estatal: De nueva creación, se dedicaría al sostenimiento de esa movilidad sostenible. Lo gestionará el Ministerio y se ocupará tanto de las subvenciones de los costes del servicio como de las inversiones verdes y sostenibles. Se incluirán “reglas claras” para la prestación de servicios sostenidos con fondos públicos, exigiendo informes previos a la concesión de ayudas. A la espera.

Los trámites requieren que este Anteproyecto de Ley en segunda lectura llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas, sea aprobado por el mismo y se inicie su tramitación parlamentaria para su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Esto quiere decir que lo más posible es que su aprobación se alargue hasta al menos el primer trimestre del año que viene.

También es muy posible que antes de esa fecha vayan trascendiendo más detalles del mismo y, por tanto, concernientes a la movilidad del futuro en nuestro país.