Empresarios y sindicatos de la mano reclaman al Gobierno 17 medidas de impulso a la automoción

España es el segundo productor de automoción de Europa. Produjo 2.141.161 vehículos entre turismos, furgonetas, camiones y autobuses en 2021, solo por detrás de Alemania (3.272.354 unidades) y muy por delante de Francia (1.388.210 u.). Y a nivel mundial, somos novenos, solo por detrás de países de la industrialización, la tecnología, el tamaño y la demografía de China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania, México y Brasil, por este orden.

Se trata de un patrimonio que no nos podemos permitir perder, ya que supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, aporta el 15% de toda la recaudación fiscal y genera aproximadamente dos millones de puestos de trabajo directo e indirecto (el 9% del empleo del país) en toda su cadena de valor. El vehículo es además el primer producto español en nuestra balanza comercial por saldo positivo.

Hasta 2019 y según datos de la Asociación Europea de Constructores (ACEA) la productividad del empleado de las fábricas españolas era de 17,7 unidades por trabajador. Una media que está más de 2,5 veces por encima de la media de la Unión Europea. Se trata de una ventaja que todos los fabricantes tienen en cuenta a la hora de asignar modelos a las fábricas. Un parámetro decisivo que las nuevas tecnologías pueden hacernos dejar atrás. Al contrario, lo ideal sería impulsarlo hacia el futuro en la dirección correcta para lograr un incremento de nuestra competitividad.

Y eso es lo que han tratado de poner de manifiesto los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria en conjunto con las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de proveedores (Sernauto). Estas asociaciones consideran que más que una industria, el sector de la automoción debe ser abordado como un proyecto-país dada su alta relevancia para la economía española y para el desarrollo social de sus conciudadanos. Como sector tractor del resto de sectores se pide priorizar el mantenimiento del empleo existente, que es de alta calidad y con alto nivel de cualificación.

Para ello han lanzado un bloque de diecisiete medidas con el que solicitan del Gobierno un modelo de movilidad único, disposiciones para el mantenimiento del empleo ante los disruptivos cambios en el sector, un plan de recualificación de los trabajadores, deducciones fiscales a la i+D y a la movilidad eléctrica para cumplir los objetivos de descarbonización. Piden también un impulso a la infraestructura de recarga, a la logística y a la economía circular. Veamoslas en resumen.

Nuestro país, dada la relevancia de la automoción en nuestra economía “debe definir su propio modelo”, según el manifiesto conjunto. Tal y como ya hemos expuesto en otros artículos, a veces parece que desde el Gobierno no se tiene muy claro qué tipo de modelo de movilidad desplegar. El desarrollo futuro de la industria y de los trabajadores que la integran está en juego. Se pide “un marco regulatorio estable y homogéneo que dé seguridad jurídica a fabricantes y usuarios”.

En el escrito se defiende la movilidad multimodal, integradora de todos los modos de transporte, bien sean públicos o privados, en coche, bicicleta, patinete... Se pide que se entienda la movilidad sostenible como un “eje fundamental en la política industrial del país”.

Estas entidades piden que las medidas de política industrial sean “fruto de amplios consensos” y que consideren “el carácter preferencial y estratégico” del sector. La idea es que esta política esté “orientada a ganar soberanía industrial para España”, así como que los fondos Next Generation EU se “enfoquen” a ello.

Esto marca diferencias con las necesidades y propuestas del sector de la distribución y la reparación, que siempre ha considerado discriminatorio que se les haya apartado de estos fondos al ser una industria española al 100% y que también necesita apoyo para enfrentarse a los retos del futuro. De hecho, ya es muy significativo que dos asociaciones tan importantes del sector como Faconauto y Ganvam no hayan participado en este manifiesto.

Se habla en el escrito de un programa “permanente de inversión industrial de carácter productivo” aludiendo en concreto a la inversión en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y a la atracción de inversiones en nuestro territorio. Y una vez más se solicitan los fondos Next Generation para estas tareas. Para la I+D+i se pide además hacerla receptora de deducciones fiscales.

El cambio tecnológico implica también un cambio en el tipo de trabajador necesario, un personal que debe estar “especializado en las nuevas tecnologías”. Se solicitan esfuerzos en la recualificación para que sea ubicado en las tareas de la movilidad sostenible y la digitalización. Se pide con urgencia una formación continua de los trabajadores para que también adquieran esas nuevas capacidades.

Se insiste en el impulso a las vocaciones denominadas STEM, como las ingenierías, las tecnológicas o la científicas, pero también al fomento del empleo femenino.

Una formación que esté alineada con las necesidades de la industria y de la sociedad sólo se consigue con un modelo de Formación Dual, profesional y universitaria que permita a los estudiantes, obtener las capacidades necesarias para desarrollar una labor eficaz en la industria reuniendo los conocimientos teóricos con experiencias de trabajo para completar su formación sobre el terreno.

Y se aboga por la continuidad del llamado contrato de relevo, que combina el mantenimiento del trabajador que alcanza cierta edad, mediante una reducción parcial de su jornada. Estas horas se suplen con la contratación de un joven al que, una vez el relevado alcanza la jubilación, se le contrata de forma indefinida.

Una vez más, los solicitantes exponen la necesidad de una fiscalidad orientada al uso, que incentive la compra de eléctricos, pero que no penalice la compra de cualquier coche nuevo, independientemente de su tecnología, al suponer la renovación del parque hacia uno más limpio y eficiente.

En el escrito no se solicita directamente lo que buena parte del sector pide desde hace tiempo: una eliminación o reducción del IVA de los vehículos eléctricos.

Aquí sí es claro el manifiesto, al solicitar un Plan Nacional de Recarga con “objetivos anuales vinculantes y seguimiento y medidas para su consecución”. La idea es cumplir el PNIEC que pide para 2030 alcanzar los 340.000 puntos de carga desde los 15.000 actuales.

En paralelo se solicita que el órgano creado para el seguimiento y coordinación para el despliegue de la infraestructura de recarga (GTIRVE) “agilice sus trabajos” solicitándose “un conjunto de propuestas para antes de final de año”. Es la única manera, dicen, de comprobar el ritmo de su evolución.

Igualmente se pide una ordenación territorial coherente de esa red de carga, que atienda especialmente a las zonas rurales para que exista un mallado suficiente que cubra todo el territorio.

Se solicita una mejora de las infraestructuras viarias y portuarias y el incremento de los medios de transportes terrestres. Se apunta a una mejora de las infraestructuras intermodales en los puertos y también a la mejora de los corredores de alta velocidad como son el Atlántico-frontera francesa y el corredor Mediterráneo (Algeciras-frontera francesa).

El impulso a la economía circular, el reciclado, la refabricación y el ecodiseño, es otro de los puntos. Al igual que se pide “ser líderes como país en el desarrollo de las energías renovables y en el hidrógeno verde”. La idea entre otros motivos es garantizar el suministro energético a un precio competitivo y usar las metas medioambientales como palanca de la reindustrialización.

Por último, se pide con urgencia la reactivación de la Mesa de Automoción, con un “calendario recurrente de reuniones y un plan de trabajo”. Solicitan que sea el órgano impulsor de todas las propuestas “para seguir manteniendo un sector de automoción fuerte”.