La Euro 7, el fin de los térmicos y el Brexit suben la tensión gobiernos-fabricantes en Europa y EE.UU.

Tres principales razones -la Euro 7, las restricciones legales a los térmicos y el Brexit- han elevado la polémica en la industria del motor durante los últimos días en Europa y Estados Unidos. Está claro que la incidencia regulatoria a nivel económico, industrial y comercial es cada día mayor. Y distintas visiones de futuro, intereses, opiniones, cifras y realidad se despliegan en un tablero donde todos quieren mover ficha a la vez.

Ciudadanía, políticos y también los fabricantes estamos concienciados en la conquista de un mundo más sostenible. El problema es la agenda, el calendario con el que llevarlo a cabo. 

Y las posturas que propugnan ralentizar las exigencias legales sobre la industria de la automoción van tomando cuerpo. Los fabricantes deben hacer frente a una Euro 7 que, de aplicarse, arrancaría en 2025. Y tratan de comunicar tanto a los políticos europeos, a los gobiernos y a los ciudadanos las consecuencias.

Esta semana ha salido a la luz un estudio de Frontier Economics que calcula el aumento de costes debido a la Euro 7 en unos 2.000 euros para coches y furgonetas con motor de combustión interna, y cerca de 12.000 euros para camiones y autobuses diésel. Estas cifras son entre 4 y 10 veces superiores a las estimaciones de la Comisión Europea en su evaluación de impacto de Euro 7 (180-450 euros para coches y furgonetas, y 2.800 euros para camiones y autobuses), que ya comentamos en NIUS.

¿Quién creen ustedes que tendrá que asumir ese coste? Pues súmenle un 3,5% en costes de combustible, lo que equivale a 650 euros en turismos y furgonetas y a 20.000 euros más en los camiones. Por cierto, este último coste no ha sido evaluado ni contabilizado por la Comisión.

Pero lo peor es que, según toda la industria, esta norma sabotearía los esfuerzos de los fabricantes en pro de un coche eléctrico con precios y autonomías razonables.

Esto nos lleva a lo que algunos ya han comenzado a llamar el “Euro 8”. Y es que nada menos que ocho países de la UE se han opuesto a la norma Euro 7 propuesta por la Comisión. Con Italia a la cabeza, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía han enviado un escrito a la Comisión y también a la Presidencia, actualmente sueca, para expresar su disconformidad con la norma. “Nos oponemos a cualquier nueva normativa sobre emisiones de gases de escape (incluidos nuevos requisitos de ensayo o nuevos límites de emisiones) para turismos y furgonetas”, afirmaba el escrito, según Automotive News. De momento, la Euro 7 es una propuesta que debe ser aprobada como mínimo por el 55% de los países miembros que deben representar al menos el 65% de la población europea. Aún más importante: sólo es necesario el voto en contra de cuatro países miembros para que esta sea rechazada, sin que el porcentaje de su población sea determinante. El bloqueo quedaría plenamente asegurado, pero este grupo de “disidentes” quiere contar con una mayoría de países a su favor.

De momento, ni Alemania ni España, entre otros tantos países, se han pronunciado sobre la votación. Esta indefinición está causando inquietud entre los trabajadores españoles de Renault que confiaban en que la sede de su división “Horse”, la dedicada a gestionar el negocio de motores térmicos del grupo, recalase en España. Pero CCOO solicitó una reunión al Ministerio de Industria una reunión para abordar el posible cambio de posicionamiento de Renault sobre esta sede, según hizo público este martes en un comunicado. Varios medios internacionales habían apuntado muy recientemente que Madrid sería la sede definitiva de “Horse”.

También hay novedades en lo referente al problema de importación-exportación entre Europa y el Reino Unido que ya describimos la semana pasada. La ministra de Negocio y Comercio del Reino Unido, Kemi Badenoch, ha afirmado que se llegará a un acuerdo “pronto” en las negociaciones de los tratados comerciales entre Europa y el Reino Unido. Lo hizo en una entrevista en BNN.

Badenoch, que fue promotora de la salida del Reino Unido de la UE y que ha llegado a afirmar en otros momentos que la preocupación de los grandes fabricantes de automoción debido a las llamadas reglas de origen “no tienen nada que ver con el Brexit”, dijo también que “hay que encontrar una solución práctica rapidamente” a preguntas sobre las implicaciones sobre el incremento del 10% en los aranceles en las relaciones comerciales entre ambas zonas geográficas. 

En un intento de diluir la gravedad del problema para la industria británica, que ha sido avisada de posibles cierres de fábricas, Badenoch señaló que “el problema no es sólo del Reino Unido, sino que es un problema de la Unión Europea y del Reino Unido, ya que los aranceles se aplican para ambas partes”. Avanzada la entrevista reconoció la obviedad de que el Reino Unido necesita “con urgencia una estrategia que genere condiciones atractivas para la inversión”.

Sobre cómo podría afectar a España, podemos aportar datos sobre las importaciones y exportaciones. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, las importaciones de coches desde España hasta el Reino Unido han recuperado las cifras de 2018 (ver cuadro adjunto). En cambio, las exportaciones desde el país insular han caído nada menos que hasta la mitad desde hace los mismos cinco años. La balanza comercial en concreto en automoción es muy positiva en estos momentos. De aplicarse aranceles del 10% muchos modelos verían incrementar sus precios en ambos lados del Canal de la Mancha, modificando en algunos casos las decisiones de compra hacia aquellos modelos no afectados por dichas tasas, es decir, básicamente los fabricados en cada zona geográfica.

Quien sí se ha posicionado ha sido Stellantis, pero en Estados Unidos. Lo ha hecho frente a la petición de California a la administración Biden para que les apruebe un posible anticipo de la prohibición de venta de coches con motores térmicos para 2035.

Según Reuters, el grupo matriz de Chrysler (además de las marcas también norteamericanas Jeep y Ram) ha enviado un comunicado a algunos concesionarios del país advirtiéndoles de que para cumplir con las normas de emisiones “podemos vernos obligados a asignar menos vehículos convencionales con motor de gasolina”. El comunicado indica que hay otros 13 estados cuyas normas de emisiones son ya idénticas a las del estado de California, así como que otros cuatro estados están en trámite para adoptar estas mismas normas. Eso suma 18 de los 50 estados del país norteamericano y algunos de los más poblados.

El comunicado tranquilizaba a sus afiliados asegurando que “Seguiremos poniendo a su disposición todos los modelos fabricados para las marcas de su línea” pero se añade que “en algunas circunstancias, podemos vernos obligados a asignar más vehículos de propulsión electrificada a California” y menos al resto de estados “para cumplir con las normas más estrictas que se están aplicando allí”.

No hay porqué buscar explicación más allá de una mera decisión empresarial para proteger su negocio. Pero es difícil de predecir la repercusión que puede llevar aparejada la dificultad para adquirir determinados automóviles en el votante y contribuyente norteamericano, poco dispuesto a aceptar recortes en sus libertades.