Fiscalidad razonable: si los impuestos son verdes pero cuentan con la economía y la movilidad real

La pasada semana un comité de expertos del Gobierno lanzó un “Libro Blanco para la reforma del sistema tributario” cuyas principales conclusiones suponen la no eliminación del Impuesto de Matriculación, ni su fusión con el de Circulación.

Los expertos proponían además tres nuevos tramos de este impuesto para casi duplicar la recaudación del Estado (394 millones de euros más sobre la recaudación de 468 de 2021), casi cuadriplicarla hasta 1.846 millones o casi quintuplicarla hasta los 2.335 millones según cada uno de ellos.

Finalmente abogaban por incrementar la fiscalidad de los combustibles con un alza de 5,4 céntimos por litro y la equiparación de precios del diésel y la gasolina. Esto supondría un encarecimiento del 15,47% en el precio de la gasolina (unos 14 euros por depósito) y del 29,19% en el diésel (unos 24 euros más), según la patronal de gasolineras CEEES.

La situación económica ya la conocen ustedes, pero lo que a lo mejor no tienen tan fresco es que la recaudación por impuesto de matriculación ya creció un 25% frente a la de 2020 o que en el último año el llenado del depósito de un coche medio ya se ha elevado más de 17 euros.

De los impuestos al automóvil ya hablamos ampliamente en NIUS en relación a los peajes en las carreteras.

El Gobierno se quiso desvincular casi inmediatamente de las indicaciones de este “Libro Blanco”. María Jesús Montero descartó la aplicación de dichas subidas declarando después de la presentación del mismo que “No es el momento” (¿pero en algún momento sí lo será?) y que “el informe del comité no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el Gobierno”. También afirmó que “éste siempre tendrá en cuenta la realidad económica”.

Por eso se nos ha ocurrido reunir propuestas fiscales de las asociaciones que “pisan tierra” en el ámbito de la movilidad y la automoción, que tienen muy en cuenta dicha realidad económica ya que tienen que sobrevivir en ella. Asociaciones como Anfac, Faconauto, Ganvam o Aedive, en cuyos afiliados proporcionan no solo servicios esenciales en muchos casos, sino también un alto nivel de productividad, empleo e impacto en el PIB de la nación. Son además, asociaciones cuyas propuestas se enmarcan dentro del “objetivo 55” de la Comisión Europea, por el que en 2030 el mercado de turismos tendrá que haber reducido al 55% sus emisiones y en 2035 los vehículos puestos en el mercado tendrán que tener emisiones cero.

Y ellos unen fiscalidad y cumplimiento de objetivos medioambientales para abordar el problema.

Por ejemplo, en España el mayor coste y la falta de infraestructuras de recarga están frenando la penetración de los vehículos eléctricos. Así que lo que queda es evidente: la renovación de un parque de unos 25 millones de vehículos en el que casi cuatro millones tienen más de 20 años de antigüedad y que en general de media tiene más de 13 años. Y no frenar su renovación es la clave de todo .

Eliminar barreras a la compra es esencial. Sustituir vehículos que emiten 170 gramos al kilómetro por otros nuevos que emitan 100 g/km supondría una disminución de las emisiones enorme. Pero esta medida que también tiene su vertiente fiscal permitiría no solo cumplir metas medioambientales sino también favorecer la seguridad vial, la actividad económica e industrial y recuperar la demanda. Y el impuesto de matriculación, al incrementar el precio, es evidente que retiene la demanda.

Un impuesto al uso que tenga como base los g/km de CO2 emitidos multiplicados por un tipo (que por ejemplo sería cero para los vehículos con cero emisiones) es la principal apuesta de las asociaciones. Su idea es que no afectase a los vehículos de transporte de mercancías ni de viajeros y que pudiera incluir bonificaciones a personas vulnerables por nivel de renta, familias numerosas o con problemas de movilidad. Sería anual y podría también incluir el factor antigüedad del vehículo.

El tipo cero o reducido para eléctricos y/o híbridos enchufables en dicho impuesto podría limar la diferencia de precio con los vehículos de combustión y, en su momento, sustituir las ayudas a la compra tipo Moves que ahora mismo son fundamentales para su venta.

Eliminación del Impuesto de Circulación para eléctricos y enchufables, en línea con otros países de la Unión Europea.

Reducción en el IBI de hasta el 50% por la instalación de infraestructuras de recarga, siendo potestativa la cantidad de la bonificación por los ayuntamientos.

Recuperación de deducciones por inversiones medioambientales tanto para la compra de vehículos como de estaciones de recarga, dado que las empresas tienen una mayor propensión a la electrificación de sus activos. Igualmente la recuperación de la deducción del Impuesto de Sociedades y la bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Todas estas iniciativas las explica Aránzazu Mur, Directora del Área Económica y de Logística de Anfac, en el “Libro Blanco para la reforma fiscal en España” del Instituto de Estudios Económicos .

La venta al usuario particular supone el 50% del mercado de turismos y de ahí su relevancia en este cambio fiscal para empujar la electrificación.

Una deducción del gasto de la compra en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) sería percibido por el comprador como un objetivo claro. Ya se aplica con resultados positivos tanto en Navarra como en Castilla y León. La propuesta concreta es la de una deducción del 15% sobre la adquisición con un límite de 4.000 euros. Sería justo lo contrario a lo que ahora sucede con planes de renovación como el Moves, cuyas ayudas es obligatorio declarar, lo que junto al desconocimiento sobre el impacto concreto en el resultado del IRPF crea incertidumbre y resulta desincentivador.

Por su parte, CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio) opina que sería necesario, aunque fuera de manera temporal, una reducción del IVA del 21% al 10%, al igual que se ha hecho con la electricidad, medida que se va a ampliar hasta junio. Creen que lejos de ayudar a la economía española, el que llaman “impuestazo” sería altamente dañino para la economía española que perdería competitividad de la noche a la mañana. Recuerdan además que en el sector de los carburantes se practica la doble imposición ya que a la suma de precio del carburante sin impuestos más el Impuesto Especial se le calcula y aplica el IVA, con lo que la Administración está cobrándose un impuesto sobre un impuesto.