Abertis inicia el levantamiento de las barreras de los peajes en Cataluña
Los usuarios ahorrarán 752 millones de euros anuales tras la no renovación de las concesiones
El Gobierno estudia fórmulas de tarifas por el uso de las autovías
Abertis ha iniciado la tarde de este martes el levantamiento de las barreras de los peajes cuya concesión termina la medianoche de este miércoles, según ha podido comprobar Europa Press y han confirmado fuentes de la Generalitat.
Sobre las 20.15 horas, los conductores que atravesaban el peaje de la AP-7 en La Roca del Vallès (Barcelona) han encontrado las barreras abiertas y un cartel que les conminaba a no pararse en el punto de pago.
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Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que sobre las 20.00 horas también se han levantado las barreras de los peajes de la C-32 norte y la C-33.
Los peajes de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33 dejarán de funcionar la medianoche de este miércoles, tras el fin de la concesión a las empresas Invicat y Acesa, ambas del grupo Abertis.
De este modo, la mayoría de kilómetros de autopista que eran de pago en Cataluña dejarán de serlo y solo habrá unos 120 kilómetros con peajes explícitos.
Quedarán cuatro peajes en funcionamiento: el Túnel del Cadí (Lleida), el tramo Sant Cugat-Manresa (Barcelona) de la C-16, el tramo Castelldefels (Barcelona)-El Vendrell (Tarragona) de la C-32 y los Túneles de Vallvidrera (Barcelona).
Un ahorro de 752 millones de euros anuales
La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ha cifrado este martes en 752 millones de euros anuales en Cataluña y Aragón el ahorro para los conductores que supondrá el fin de los peajes de la AP-2 y la AP-7, que ha calificado como un "hito" y un "logro" del Gobierno.
Sánchez, que ha visitado esta tarde el peaje de La Roca de la autopista AP-7 a pocas horas del fin de la concesión, ha adelantado que su ministerio ya está trabajando en propuestas alternativas a los peajes para mantener las carreteras que ahora se liberan.
El Gobierno, según ha reiterado, quiere aplicar un sistema basado en que pague el que use las autopistas, aunque ha afirmado que éste "no tendrá nada que ver" con los peajes como los conocemos y que será "homogéneo" para toda España.
La ministra ha abogado por "ser didácticos" y "asumir que si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la usan, siguiendo el lema de quien contamina, paga".
"Lo que buscamos es un sistema de tarifación por uso. Quien use que sea el que pague. No tiene mucho sentido que el mantenimiento sea a cargo del presupuesto y que pague el conjunto de los ciudadanos, incluso los que no usan las carreteras", ha apuntado, tras señalar que "en ningún caso será nada asimilable al peaje tal y como lo entendemos ahora".
El fin mañana de los peajes de los tramos de la AP-7 y de la AP-2 que todavía estaban vivos, ambos de titularidad del Estado, supondrá en concreto para los conductores de Aragón un ahorro anual de 90 millones de euros y de 662 millones para los de Cataluña.
Raquel Sánchez ha subrayado que con el levantamiento de los peajes el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de no prorrogar más la vida de estas carreteras de pago.
"Somos el primer gobierno que no prorroga los peajes", ha dicho, en declaraciones a los periodistas, tras apuntar que en Cataluña los peajes que quedan no son titularidad del Gobierno, sino de la Generalitat.
La ministra ha enfatizado el hecho de que el fin de estos peajes es especialmente "significativo" para Cataluña, dado que en 2018, cuando este ejecutivo empezó su andadura, era la autonomía con más kilómetros de peajes de toda España, lo que constituía "un agravio comparativo con el resto del territorio".
Al quitar los peajes, Sánchez ha asegurado que "también estamos acercando la costa catalana a Aragón y a Valencia y a las Terres de l'Ebre".
Respecto a la compensación que pide Abertis por la recaudación perdida durante la pandemia, ha asegurado que se ha producido un acuerdo de interpretación del reglamento y que fija la cifra a abonar en unos 1.300 millones de euros, aunque hay que abordar ahora el mecanismo para realizar el pago.