Garamendi tacha la nueva Ley de Vivienda de "distorsión brutal e injerencia a la propiedad privada"
La norma incluye medidas para congelar los precios al alquiler y un impuesto a las viviendas vacías
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha expresado también su rechazo al contenido de la nueva norma
La nueva Ley de Vivienda, acordada entre el PSOE y Podemos, que ha servido para desbloquear el pacto para los Presupuestos Generales del Estado, ha recibido ya duras críticas desde Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
El texto que incluye medidas, según Podemos, como la limitación de los alquileres aplicados por los grandes propietarios (los que tienen más de diez inmuebles) en base al índice de referencia para todos los contratos o la congelación del precio cuando se trate de pequeños propietarios, que además contarían con incentivos fiscales si abaratan los alquileres, ha sido calificado de "ataque a la libertad" por el presidente de la CEOE.
Antonio Garamendi ha asegurado que las primeras medidas que se han conocido de la Ley de Vivienda suponen una "injerencia en la propiedad privada", "una distorsión total al derecho a la propiedad" ya ha señalado que que es "preocupante para los inversores y ahorradores"
"Las personas tienen derecho a ahorrar, y que el Estado venga ahora a entrar en cómo tienes que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución", ha denunciado.
"Pienso que para España, para las personas, para los que tienen propiedades, se toca la libertad y eso es muy preocupante y malo. Incluso en algunos países como Alemania se ha aplicado y no ha funcionado", ha asegurado el responsable de los empresarios.
Almeida también rechaza la nueva ley
Las críticas a las medidas incluidas en la nueva Ley de Vivienda han llegado también de dirigentes del Partido Popular. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado nunca "se había producido un ataque a la propiedad en estos términos en democracia".
Precisamente, la nueva norma incluirá también un impuesto a la vivienda vacía, a través de recargos del IBI de hasta el 150% que les corresponderá ejecutar a los ayuntamientos.
Por lo que se refiere al parque público del alquiler, el compromiso es reservar un 30% de todas las promociones para vivienda protegida, la mitad de esta reserva destinada al alquiler social.