Año y medio de cárcel para el hermano del expresidente andaluz Borbolla por una ayuda ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año, seis meses y un día de cárcel y a tres años y un día de inhabilitación absoluta a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE.

Esta pena se le impone por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho. Las cargaron a la partida presupuestaria 31L, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e innecesarios.

En la sentencia se le condena por ser cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito también continuado de malversación de caudales públicos. "Con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas". Se le obliga a indemnizar a la Junta con 8.408.096,42 euros.

Ese es el montante total de las ayudas que el Gobierno autonómico concedió a las mencionadas compañías, que también han sido declaradas con responsabilidad civil subsidiaria al pago de las siguientes cantidades.

La Audiencia considera probado que el condenado "controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte de Sevilla". Era socio (en casi todas ellas mayoritario) y administrador de derecho o de hecho de las sociedades mercantiles referidas anteriormente, las cuales "atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación".

El auto manifiesta que, "teniendo conocimiento de que la Consejería de Empleo "venía otorgando o se proponía otorgar subvenciones a fondo perdido a algunas empresas andaluzas", inició una serie de contactos con el consejero y el viceconsejero del ramo en esa época a fin de obtener tales ayudas públicas.

Borbolla era "consciente" de que "no se habían anunciado ni publicitado en lugar alguno, lo que impedía a otras empresas concurrir, que se las otorgaban tras simples conversaciones y en cantidades a tanto alzado, sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ni aportar documentación mínimamente seria sobre la situación económica de las empresas ni la certificación de deudas con Hacienda y Seguridad Social, ni el objeto o destino del dinero ni un auténtico proyecto que garantizara el adecuado uso de esos fondos".

Asimismo, el tribunal analiza las distintas ayudas que se otorgaron bajo la cobertura formal del Convenio Marco de Colaboración suscrito el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), unas ayudas "amparadas en concretos convenios particulares" entre la Dirección de Trabajo y el antiguo IFA.

En cuanto a la defensa del hermano del expresidente andaluz, la Audiencia señala que "solo cuestiona que conociera o debiera conocer las condiciones legalmente exigibles para obtener una subvención o los documentos que habría de aportar y el itinerario procedimental que se debiera seguir".

Un argumento que el tribunal rechaza, señalando que, por el contrario, "desempeñó un papel harto relevante en relación con las ayudas, hasta el punto de que la comisión de los delitos hubiera sido imposible sin su concurso". Ángel Borbolla fue quien "procuró el contacto con los responsables políticos y con sus demandas de dinero público propició y permitió que éste acabara en las cuentas de las empresas".

De otro lado, el tribunal absuelve libremente al resto de los acusados del mismo delito: Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), Rogelio B.M, Fernando Pedro M.O. y Gerardo C.E. Igualmente CaixaBank queda absuelta de la petición de responsabilidad civil deducida en su contra.