Denuncian al director de una residencia de Sevilla cerrada por servir comida caducada

La Fiscalía de Sevilla ha presentado este viernes una denuncia en el juzgado contra el director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, ubicada en la Avenida Manuel Siurot, que fue clausurada en mayo por orden de la Junta de Andalucía, tras varias inspecciones.

Desde 2018, "no se ha prestado una asistencia adecuada, con un importante riesgo para la salud e integridad de los mayores", señala el órgano del TSJA en una nota de prensa sobre lo que han denunciado. "Se han encontrado alimentos caducados, como huevos, sin menú visado por especialista y almacenados bajo productos de limpieza", detallan.

En el escrito, se citan hasta cuatro delitos en el funcionamiento, cuidados y gestión del centro: por abandono de personas con discapacidad y vulnerables necesitadas de especial protección, contra la integridad moral, de lesiones y falsedad en documento oficial.

Y es que en una primera inspección se encontró a 19 ancianos en "muy mal estado". Tras investigarse bien los hechos, se han encontrado "contenciones no homologadas y sin control". Cuando no están prescritas por facultativos y controladores de manera exhaustiva, su uso supone "un grave riesgo de lesiones".

Se han registrado "importantes caídas frecuentes en mayores con riesgo, por abandono, no cuidado directo a pesar de las enormes limitaciones de algunos de ellos" y la barandilla instalada no cumplía las normas de seguridad de incendios. También se "ha apreciado "falta de control de alimentos".

Asimismo, la Fiscalía apunta a que se ha superado la ratio de mayores, esencialmente dependientes, lo que supone "no contar con medios suficientes para atender a estas personas y la falta de registro correcto, por ausencia del mismo, sin expediente personal". Esto conlleva "un riesgo de importancia al no conocerse la situación real de los residentes".

Las inspecciones de la Junta a la residencia desde 2018 a 2020 ya recogían "algunas irregularidades que debían ser subsanadas". En 2021, se requirió subsanar "incumplimientos", como el registro de expedientes individuales, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica, escasez de alimentos, visado de menú y la ocupación del centro con mayor número de grandes dependientes de los autorizados para la ratio del personal.

Irregularidades que no se llegaron a solucionar en la nueva inspección de 2022 y que acabaron con la orden de cierre de la residencia, en consecuencia.