Golpe a la economía sumergida del campo de Cádiz, a vista de dron


La Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en la provincia gaditana
23 empresas han sido expedientadas en materia de seguridad social, percepción de prestaciones incompatibles con el trabajo, extranjeros sin permiso de trabajo o empleados sin alta
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A vista de dron, gracias a la Unidad Pegaso, la llamada ‘Poli del aire’. Así, ha llevado a cabo la Guardia Civil, junto con la Inspección de Trabajo, gran parte de la operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Cádiz. Se han identificado un total de 165 empresas, detectando infracciones graves en 23 de ellas.
El uso de esta tecnología permite a los agentes acceder de forma rápida y discreta a los puntos calientes, para después orientar los movimientos del operativo que se ha desarrollado en zonas agrícolas. Como recogen las imágenes del dron, al percatarse de la presencia policial son muchos los que intentan huir por los caminos rurales.
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Esta actuación viene motivada por la cada vez más preocupante proliferación de empresarios que tienen a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad.
Infracciones muy graves
De las 165 identificaciones en un total de 23 empresas, se ha procedido a la detección de 23 infracciones muy graves por tener a los trabajadores sin dar de alta en el sistema de seguridad social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena (muy especialmente desempleo), así como extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena, todo ello sin perjuicio de que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida.
Por tales motivos, por los servicios de la Inspección de Trabajo se formularán los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.
Una economía sumergida que conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, advierte el instituto armado, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores.