Cataluña aprueba un decreto 'in extremis' para esquivar el 25% del castellano en las aulas


La ley tumba la aplicación de cuotas de castellano en las aulas
La Conselleria d'Educació validará los proyectos lingüísticos de cada centro y será el responsable legal ante los tribunales
El castellano y el catalán, a examen: cómo ha llegado Cataluña a la sentencia del 25 %
El Govern ha aprobado un decreto a contrarreloj para esquivar la sentencia del 25% del castellano que establece el catalán como lengua vehicular en la enseñanza mientras que el castellano tendrá una "presencia adecuada" a las necesidades de cada centro. La Conselleria de Educació aprobará el proyecto lingüístico de cada centro de modo que la Generalitat se convierte en la responsable legal ante los tribunales. Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El 25% del castellano en las aulas debía entrar en vigor a partir de este martes, 31 de mayo.
El decreto ha sido negociado y aprobado este lunes en reunión extraordinaria del Govern, a menos de 24 horas de la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a los centros catalanes a dar el 25% de las clases en castellano y responsabiliza a los directores del no cumplimiento de la sentencia.
El decreto ley busca "proteger las direcciones de la injerencia de tribunales, proteger la escuela catalana y garantizar el catalán como lengua vehicular", ha afirmado Plaja, quien ha tumbado las cuotas en la enseñanza: "No se pueden aplicar parámetros numéricos ni porcentajes en la enseñanza de lenguas, debe hacerse en base a criterios lingüísticos y pedagógicos", ha dicho.
Cada centro decidirá el uso del castellano en base a las necesidades de los alumnos
Plaja ha asegurado que "todos los alumnos sabrán catalán y castellano al final de la enseñanza obligatoria" y que cada centro elaborará su proyecto lingüístico en base a "criterios objetivos" como el entorno sociolinguístico y cultural del centro.
Los conocimientos de los alumnos se acreditarán mediante pruebas periódicas en un plazo de no más de dos años. El acuerdo ha sido cerrado con el apoyo del PSC, ERC, Junts y Comunes.
Educació se presenta como última responsable ante los tribunales
La ley también ampara a las direcciones de los centros en la desobediencia a la sentencia del TSJC. A partir de ahora, la Conselleria de Educació validará los proyectos lingüísticos de cada centro, que deberán elaborarse en base a unas "pautas claras" y de esta forma asume “toda la responsabilidad” legal de estos proyectos después de haberlos validado.
El Govern asegura que el decreto consta de "toda validez legal" ante la Justicia siempre y cuando los tribunales "sigan criterios estrictamente jurídicos". Las direcciones de los colegios no han recibido las instrucciones del nuevo decreto ley, todavía "Se está acabando de redactar", ha asegurado Plaja, que ha asegurado que el Govern enviará la normativa este martes.
Tranquilidad en los claustros: "Lo lógico es que nos digan cómo proceder"
La sentencia del TSJC insufló inquietud y nerviosismo en muchos claustros. Estos todavía no han recibido El decreto les tranquiliza, aunque sea de forma temporal: “Es una buena noticia”, reconoce a NIUS Àngels Saborit, directora de la escuela pública Juan Ramón Jiménez de Martorell. “Los directores no somos nadie. Somos trabajadores del departamento y lo lógico es que nos digan cómo proceder y no nos responsabilicen a nosotros”, añade.
Los 3.931 colegios de infantil y primaria y los 1.131 institutos de secundaria abiertos en Cataluña preparan estos días el fin de curso y el nuevo calendario de septiembre. La mayoría reconoce que no han modificado su programa lingüístico para este martes: “Esperamos a que pase la marejada política. Es un momento de rifi-rafe y nosotros tenemos fuegos más urgentes”, opina Saborit que cree que el decreto del Govern no será el último capítulo del conflicto del castellano en las aulas.
La mayoría de centros no ha preparado clases en castellano
La escuela Tecnos de Terrassa tampoco tiene preparado un 25% de enseñanza en castellano a partir del 31 de mayo. Por convicción del profesorado y porque la Conselleria d’Educació ya les avanzó que asumiría la responsabilidad jurídica: “Recibimos un correo electrónico del Departamento que alertaban de que varias asociaciones presionaban a las escuelas para ejecutar la sentencia del 25% y nos decían que no les hiciésemos caso porque la orden no venía de la Conselleria”, explica Júlia Gràcia, directora del centro concertado.
“La información nos dejó más tranquilos veíamos que la conselleria estaba actuando”, añade. Ahora se siente “tranquila” con el decreto anunciado por el Govern: “Muchas escuelas tenemos claro que seguiremos usando el catalán, pero la ley es la ley y no queremos ir en contra”, añade.