El Govern avisa a los profesores de que "no podrán elegir la lengua en la que imparten la clase"

El Govern de la Generalitat ha asegurado este martes a los centros educativos que tendrán la "máxima protección jurídica" si cumplen el decreto ley aprobado el lunes para esquivar la sentencia del 25% de castellano en las aulas. En este sentido, han avisado a los docentes de que "no podrán elegir la lengua en la que imparten la clase", sino, incumplirán el proyecto lingüístico de cada centro.

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dejado claro que será el departament quien asuma "la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos educativos" que validen a través del cuestionario que todos los centros de Cataluña deberán responder positivamente.

El Govern ha envido este mismo martes (cuando se cumplía el plazo para cumplir la ejecución de la sentencia del TSJC) una carta a los equipos directivos con instrucciones para esquivar el porcentaje de castellano. Según Cambray, se trata de una encuesta para "alejar a los tribunales de las escuelas" y dejar la pedagogía en manos "de quien sabe trabajarla".

"Las instrucciones explicitan que los proyectos lingüísticos deben cumplirse dentro de las aulas, por lo que un docente no puede escoger la lengua en la que hace clase, sino que debe trabajar con la lengua que fija el proyecto", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que los docentes y el resto de la comunidad educativa son "responsables" del cumplimiento de los aspectos lingüísticos que fija el proyecto de centro, y por ello la inspección educativa prestará asesoramiento y acompañamiento porque la Conselleria sabe que en muchos centros no se cumple con los roles lingüísticos que quiere el Govern.

Asimismo, ha apostillado que no contempla la posibilidad de que un centro se niegue a modificar su proyecto lingüístico en caso de que no se pueda validar inicialmente con la normativa recientemente aprobada.

Preguntado por si la Conselleria desobedece una sentencia que fijaba un porcentaje concreto de uso del castellano (apelando además a las asignaturas troncales o análogas), el conseller ha asegurado que se "da respuesta a la nueva normativa". Además ha reflexionado que la respuesta a la sentencia es "democrática" porque el decreto deberá ser convalidado por el Parlament.

Gonzàlez-Cambray también ha esperado que las nuevas normativas aprobadas sirvan "para no aplicar porcentajes en ninguna aula" de Catalunya, incluso en las 47 en las que hay dictado un 25% de castellano fruto de denuncias individuales de familias, ya sea como sentencias o por medidas cautelares.

En este sentido, ha avanzado que los gabinetes jurídicos del Govern "emprenderán las medidas procesales para hacer efectiva la adecuación a las sentencias actualmente existentes", y ha añadido que los tribunales están obligados a velar para que todo el mundo cumpla las nuevas normativas.

El conseller, en referencia a que la Asamblea por una Escuela Bilingüe presentará un escrito al TSJC solicitando nuevas medidas de ejecución de la sentencia del 25%, ha opinado que "cada uno que actúe en consecuencia de lo que piensa y siente".

Por su parte, la presidenta de AEB, Ana Losada, ha detallado a NIUS que denunciaran la "presunta desobediencia ante el TSJC". "La Generalitat esta en clara desobediencia, poniendo en peligro nuestro estado de derecho. Dice a los directores que los proyectos no deben tener porcentajes y que por tanto les prohíbe aplicar la sentencia. No hay ningún cambio en ningún centro porque el conseller les ha advertido desde el primer día que no tocaran el proyecto", ha añadido.