26 despidos y 1.000 socios colgados: las consecuencias del cierre inesperado de la piscina de Santa Coloma de Farners

La empresa que gestiona la piscina y centro de fitness de Santa Coloma de Farners (Girona), Sport Assistance 2000, ha decidido cerrar las instalaciones sin haber alertado previamente a sus socios. Hace unas semanas entró en concurso de acreedores y este mismo martes hizo efectivo el cierre del recinto y el despido de los 26 trabajadores de la plantilla.

El ayuntamiento del municipio ha lamentado que la decisión de la empresa se haya tomado de forma "unilateral e injustificada" y "sin el consentimiento" del consistorio. Por ello, han puesto el caso en manos de los abogados, aunque temen que tendrán que indemnizar a la Sport Assistance 2000 por la inversión no amortizada.

"El lunes firmé un decreto recordando a la empresa la obligación de prestar el servicio durante un máximo de 6 meses. Ellos no podían marcharse así", ha lamentado el alcalde, Joan Martí, quien además ha insistido en que la voluntad del ayuntamiento es encontrar la forma de reabrir las instalaciones "lo más rápidamente posible" para continuar dando el servicio a usuarios y abonados de "La Piscina de la Selva".

La decisión también ha sentado como un jarro de agua fría al millar de socios, que reclaman que se les devuelva el dinero de las cuotas que han pagado por adelantado, en algunos casos, hasta finalizar el año y que ahora se encuentran con que no pueden acceder a las instalaciones.

Se da la circunstancia que justo el pasado 2 de agosto la empresa cobró la cuota del servicio a todos los usuarios. Por ello, desde el ayuntamiento estudiarán si se ha actuado irregularmente. "Habrá que ver si esa actuación de cobrar las cuotas de antemano por un servicio que no prestará. La empresa concesionaria ha dado un abuso de la situación cobrando unas cuotas por un servicio cuando nos habían anunciado que querían cerrar".

Otra de las cuestiones que más preocupa al consistorio es la posible indemnización que deberán pagar a la empresa por la inversión no amortizada. "La ley de contratos del sector público obliga a las administraciones a indemnizar por las inversiones no amortizadas. Nuestros cálculos es que el importe que pueden reclamarnos es superior a dos millones, pero antes hay que hacer una cuantificación al por menor y para ello, debemos hacer un inventario realista del estado de las instalaciones", ha explicado el alcalde.

De momento, hasta el 1 de septiembre el ayuntamiento no puede hacer nada porque el concurso de acreedores se aceptó el último día hábil de julio, el agosto se considera mes inhábil, no puede personarse como parte jurídica hasta septiembre, por lo que el caso ya está en manos de los abogados.

Estas instalaciones entraron en funcionamiento en septiembre de 2010 y tres años después, en abril de 2013, la sociedad ya se declaró en concurso de acreedores. Sin embargo, al año siguiente para que pudieran seguir prestando servicio aprobaron un convenio para resolverlo que contemplaba un importe finiquito para los acreedores y la ejecución parcial del aval del ayuntamiento, por un importe de 21.000 euros.

Y es que para tirar adelante la construcción de las instalaciones, el consistorio avaló hasta un máximo de 1.000.000 euros el préstamo mancomunado con Caixa Catalunya (actualmente BBVA) y el Instituto Catalán de Finanzas por valor de 3.519.000€ que la empresa formalizó en diciembre de 2010.

El contrato de concesión de obra pública de la piscina cubierta se adjudicó en 2007 a la empresa Sport Assistance 200, SL, con una duración de 40 años a contar desde el 24 d abril de 2008 (fecha de firma del contrato). El coste de la obra se financió con una aportación del Ayuntamiento por valor de 3.300.000€ y el resto con la aportación de la empresa ganadora del concurso.

El problema es que no se han cumplido con las previsiones para hacer viable la explotación presentadas por la empresa en su oferta al concurso. Calcularon que se se superaría el número de 2.000 abonados, pero durante los años de explotación el valor máximo ha sido de poco más de 1.900 usuarios, siendo la media muy inferior (1.740 abonados en diciembre de 2019).

Ante este panorama, consistorio busca la fórmula de reabrir las instalaciones lo más rápidamente posible y seguir dando el servicio a los usuarios y abonados, con menor perjuicio para los trabajadores de la empresa.

Mientras, instan al millar de usuarios afectados por el cierre a reclamar el retorno de los importes abonados. Desde la administración indican a los usuarios que, si han efectuado el pago por adelantado y no pueden recibir el servicio, al encontrarse las instalaciones cerradas, tienen derecho a reclamar. Al tratarse de un incumplimiento contractual, desde la Oficina Comarcal de Consumo recomiendan que se recopile toda la documentación de la que disponen, como el contrato o los comprobantes de pago.