Desarticulada una banda que ocupaba pisos con niños en Barcelona para evitar desalojos

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado a una organización criminal especializada en ocupar pisos vacíos con menores de edad para después alquilarlos a terceras personas que se encontraban en situación irregular. Los nueve miembros de la trama usaban a niños para realizar las ocupaciones, principalmente en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, y así evitar un posible desalojo policial. Una vez asentaban la ocupación, lo alquilaban o vendían a terceros. La situación preocupa a propietarios, aunque el juez Álvarez de Juan asegura que están a la cola de los delitos.

La policía catalana desplegó un dispositivo policial el pasado 15 de noviembre que acabó con la detención de nueve integrantes de esta organización, entre los cuales estaban los jefes de la organización. Entraron e hicieron registros en tres inmuebles, uno en Barcelona y dos en L'Hospitalet. A los detenidos se les imputan delitos de estafa, usurpación de bienes inmuebles y defraudación del fluído eléctrico. Los investigadores localizaron documentación donde se acreditaba la gestión de los inmuebles ocupados, documentación manipulada y herramientas y cierres que usaban en las distintas ocupaciones, además de marihuana y herramientas para su manipulación.

Los investigadores han acreditado que en los últimos cuatro meses habrían ocupado 12 pisos y habrían intentado acceder a otros 12 inmuebles. Durante este inmueble habrían obtenido ingresos por valor de 24.000 euros al mes. Se ha comprobado que la trama estaría llevando ocupaciones por lo menos desde el año 2020. Entre las víctimas localizadas, hay dos consideradas vulnerables.

Los miembros de la trama estaban altamente organizados y estructurados. Unos forzaban las puertas y accedían al interior del inmueble con menors mientras otros hacían las funciones de vigilancia del entorno para evitar ser descubiertos. Después llegaban las personas que ocupaban los domicilios y se quedaban unos días para consumar la ocupación con éxito. Posteriormente alquilaban la vivienda o la vendían por un importe simbólico.

Los líderes revisaban en todo momento el proceso de ocupación y daban instrucciones de qué se tenía que hacer para que el inmueble tuviera apariencia de domicilio donde se vivía desde hacía días, para evitar el desalojo. También usaban a niños y niñas para disuadir a la policía una vez acababan de ocupar, poniéndolos detrás de la puerta y haciéndolos llorar para hacer creer que se encontraban en situación vulnerable.

La organización actuaba de tres formas distintas: ocupaba pisos y los ofrecía a terceras personas en esituación irregular que tenían dificultades para acceder a un alquiler. Les ofrecían habitaciones entre 200 y 500 euros. Una vez asentada la ocupación, cuando descartaban que podían ser desalojados, encontraban familias que buscaban alojamiento y los ofrecían por precios entre 3.500 y 4.500 euros. En ocasiones, también los vendían a cambio de entre 8.000 y 10.000 euros.

Los investigadores han acreditado que la organización funcionaba en tres niveles. El primero estaba formado por los cabecillas, encargados de dar las directrices y órdenes a los siguientes niveles. Se encargaban de gestionar la infraestructura. También contactaban con familias que acababan de llegar a España y buscaban alojamiento. La organización también recibía peticiones de personas que buscaban piso o habitación, si no había ninguno disponible, rápidamente ocupaban uno.

En el segundo nivel estaban los colaboradores, que se encargaban de buscar inmuebles vacíos para perpetrar las ocupaciones. Ayudaban a arreglar domicilios y prepararlos para la posterior venta o alquiler.

En el tercer nivel estaban las personas que ocupaban físicamente el domicilio y se quedaban unos días en el interior para realizar la ocupación con éxito. Normalmente actuaban acompañados de menores (hijos o sobrinos de los miembros de la trama) que usaban en caso de que llegara la policía para hacerles creer que se encontraban en situación vulnerable. Pasados unos días los abandonaban y ponían a disposición del cabecilla de la mafia.

Las personas que lo alquilaban han sido consideradas víctimas de la organización aunque eran conscientes de que estaban pagando precios de alquiler por debajo del mercado y que tenían las connexiones a la lux y agua pinchadas.

En ocasiones, los jefes pactaban con el propietario del inmueble echar a los ocupantes a quienes habían alquilado el piso a cambio de entre 8.000 y 10.000 euros, iniciaban el proceso para echarlos y los compensaban con una pequeña cantidad de dinero. A menudo, una vez cobraban del propietario y las víctimas abandonaban la propierdad y pasado un tiempo, si veían que el propietario no tomaba medidas de seguridad para evitar la ocupación, volvían a ocupar el piso y pedían dinero al propietaroi.

La organización actuaba sobre todo en propiedades de entidades bancarias o inmobiliarias, razón por la cual en la mayoría de casos se renunciaba a la acción penal. Los detenidos quedaron en libertad después de pasar a disposición judicial.