La empresa investigada por obligar a desnudarse a azafatas amenaza con acciones legales

Meccti, la agencia de empleo que supuestamente obligó a quedarse en ropa interior a las candidatas a azafatas de vuelo para Kuwait Airways durante el proceso de selección niega los hechos y ha amenazado con emprender "acciones legales, penales o civiles".

Así se ha expresado a través de un comunicado de sus abogados, Molins Defensa Penal, con el que se ha referido por primera vez a esta polémica iniciada tras una información publicada por eldiario.es.

Meccti, que había guardado silencio, se ha pronunciado después de confirmar Inspección de Trabajo la apertura de una investigación y de avisar del posible traslado del caso a la Fiscalía.

Según han contado varias candidatas los responsables del proceso de selección realizado el pasado 5 de noviembre en Madrid las obligaron a quedarse en ropa interior. Los testimonios de las jóvenes describían cómo en todos los casos se las requirió que se quedaran en ropa interior y que fueron observadas desde los tobillos a los dientes, por delante y por detrás.

Meccti niega de manera genérica la veracidad de lo que considera unas "aseveraciones difamatorias". Se refiere en concreto a uno solo de los testimonios. El de una joven llamada Bianca, de quien dice que no llegó a superar la prueba de inglés y que por lo tanto no pasó a la siguiente fase del proceso, que es la de la polémica revisión corporal.

La agencia de empleo ha explicado que "la realización de entrevistas en Madrid en la fecha señalada fue llevada a cabo por la empresa subcontratada Meiservices Sarl, con base en Marruecos, no directamente por ningún empleado de Meccti, la que no dispone de ninguna empresa filial ni subsidiaria en España".

Recalca que ninguna de las dos empresas ha recibido acusaciones similares hasta ahora y precisa que no les consta "a fecha de emisión de este comunicado ningún tipo de denuncia penal, civil o laboral".

El Ministerio de Trabajo, en efecto, aseguró el pasado martes que ninguna de las candidatas había denunciado a través de los canales formales, pero el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, confirmó que Inspección de Trabajo investigaba el asunto de oficio y aseguró que estaban valorando "en el caso de que tenga relevancia penal, algo que no es en sí mismo descartable, enviar las actuaciones a la Fiscalía y que tome cartas en el asunto".

Desde Molins, aseguran que no han recibido "ningún tipo de requerimiento de información por parte de la Inspección de Trabajo, ni de ninguna otra institución".