Tono, vecino de la Casa Orsola de Barcelona que se niega a abandonarla: "Es un problema invisibilizado de bloques enteros"

Tono Hernández es uno de los cuatro vecinos denunciados por el fondo de inversión propietario del edificio de calle C. del Consell de Cent, 122, de Barcelona, conocida como la Casa Orsola. Los cuatro se han negado a abandonar su vivienda tras la finalización del contrato de alquiler, tal y como les solicitaba la propiedad y han pagado su alquiler fuera de contrato. Este lunes se ha celebrado el primer juicio contra Josep, uno de los denunciados que vive en la finca desde hace 20 años.

La nueva propiedad, Lioness Inversiones, les comunicó mediante burofax que no les renovaba el alquiler y debían abandonar sus inmuebles. Los vecinos piden a la propiedad que se siente a negociar. El caso de Josep ha quedado visto para sentencia y se ha fijado la fecha para un posible desalojo que será el próximo 14 de febrero.

Los vecinos se mantienen optimistas: "Nos hemos organizado para visibilizar un problema que está sucediendo en bloques enteros", explica Tono a NIUS. Este periodista de 48 años vive solo en un piso de 60 metros cuadrados con una habitación en el Eixample el que pagaba 815 euros mensuales: "Vivo desde hace 10 años. No era ningún regalo y es injusto que los vecinos arraigados nos veamos obligados a abandonarlo", añade.

A él le venció el contrato de alquiler en julio, como el resto, ha continuado pagando su alquiler y como la propiedad lo ha rechazado lo han comisionado judicialmente. Tono aún no sabe la fecha de su juicio por incumplimiento de contrato.

La fondo de inversión compró el edificio en noviembre de 2021 y ha convertido los pisos que han quedado vacíos en alquileres de temporada. "Alquilan estos mismos pisos que se han quedado vacíos por 2.400 euros al mes y con un contrato que se puede rescindir pasados los 10 meses", explican a NIUS desde el Sindicat de Llogateres que se ha movilizado para apoyar a los vecinos afectados.

Las entidades de defensa de la vivienda piden a la propiedad que acceda a una negociación colectiva. También lo ha hecho el ayuntamiento de Ada Colau. Desde el Sindicat de Llogateres piden una mediación judicial: "Este conflicto va más allá de la finalización de un contrato del alquiler. Se expulsa a vecinos de un bloque entero para especular con las viviendas", explican.

Estas mismas entidades piden también una reforma de las leyes de los alquileres de temporada ya que, según explican, "el marco legislativo no protege a la gente que viven de alquiler en una ciudad como Barcelona", añaden.

Mientras, los otros tres vecinos denunciados esperan la fecha de sus juicios respectivos: "Estamos esperanzados porque otras comunidades con la misma problemática nos han pedido ayuda y han conseguido una negociación con la propiedad", asegura Tono. "Si nos vamos sin decir nada este desalojo será invisible, como tantos otros", concluye.