Ada Colau, citada a declarar el 13 de marzo por prevaricación, malversación y coacciones a un fondo de inversión
La Audiencia de Barcelona reabrió la causa en abril de 2022 contra la alcaldesa de Barcelona, los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria de Vivienda
La querella fue archivada ya que ni la Fiscalía ni la jueza instructora vieron delito en la actuación municipal sobre seis familias vulnerables que ocupaban el inmueble
La Justicia imputa a Colau por coacciones a un fondo de inversión que se negó a realojar a unos okupas
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará ante el juez el 13 de marzo por presunta prevaricación, malversación y coacciones al fondo de inversión Vauras para que ofreciera en alquiler social pisos de su propiedad --entre ellos el Bloc Llavors-- que estaban ocupados por familias vulnerables.
Lo ha anunciado Colau en rueda de prensa este martes, en la que ha informado que la Audiencia de Barcelona le ha citado a declarar tras reabrir la causa en abril de 2022, cuando ordenó investigar a la alcaldesa después de que la causa fuera desestimada por el juez por falta de indicios.
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La Audiencia de Barcelona también ha citado a declarar el 10 de marzo a la concejal de Vivienda, Lucia Martín, al de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, y a una funcionaria municipal. La parte querellante es el fondo de inversión Vauras que acusa al ayuntamiento barcelonés de posiciones cercanas a los okupas, en el conflicto en el que el grupo inversor mantuvieron en torno a un edificio okupado por familias vulnerable, el conocido Bloc Llavors del barrio de Sants.
El ayuntamiento instó a ofrecer un alquiler social a los residentes como manda la ley catalana de Vivienda, algo a lo que Vauras se negó y multó al fondo por la negativa. Vauras se querelló en 2020 contra Colau y otros tres cargos municipales de Barcelona en Comú por la okupación de ocho viviendas conocidas como Bloc Llavors, que es propiedad del fondo de inversión.
Vauras afirmaba que los desahucios se habían suspendido cuatro veces por la violencia del movimiento okupa "con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona" e interpuso una querella por coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones contra el ayuntamiento.
La querella fue archivada ya que ni la Fiscalía ni la jueza instructora vieron delito en la actuación municipal sobre seis familias vulnerables que ocupaban el inmueble. Posteriormente, la Audiencia de Barcelona discrepó de la decisión de la juez y el fiscal y consideró que el conflicto debe investigarse por la vía penal. De los ocho delitos denunciados sólo admite el de coacciones y prevaricación.