Una jueza admite una querella contra Colau por el proyecto de la 'supermanzana' del Eixample
La querella la presentaron el exarquitecto jefe del Ayuntamiento, Josep Antoni Acebillo, y dos abogados
El Ayuntamiento de Barcelona confía en que la causa quede archivada
Ada Colau niega ante la juez que interviniera en las sanciones al fondo Vauras, que la acusa de coacciones
Se ha abierto un nuevo frente judicial para Ada Colau. El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona ha admitido una querella contra la alcaldesa de Barcelona y la teniente de alcalde, Janet Sanz, por un posible delito urbanístico y uno de malversación grave por el proyecto de la 'supermanzana' del Eixample, que implica la transformación de las calles Consell de Cent, Entença, Rocafort y Diputació en ejes verdes. De momento, se está reuniendo documentación y no se ha previsto ninguna declaración.
La querella la interpusieron Josep Antoni Acebillo, exarquitecto jefe del Ayuntamiento y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, que han pedido la paralización cautelar de las obras.
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Aparte de esta causa, hay dos más abiertas contra Ada Colau. El 13 de enero acudió a declarar ante la jueza que la investiga por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras. También está reabierto el caso por unas presuntas subvenciones irregulares a unas entidades sociales afines a su partido.
Esperan el archivo
Fuentes municipales han afirmado que el consistorio aportará a la causa documentación que ya presentó a la Fiscalía cuando investigaba el mismo caso, que quedó archivado.
El Ayuntamiento ha mostrado su "convencimiento de que acabará igual" y ha asegurado que un dictamen de la Generalitat ya avaló el procedimiento y no consideró necesaria una modificación del planeamiento.
En diciembre, la Fiscalía decidió archivar las diligencias sobre la 'supermanzana' tras constatar que el proyecto "no revestía elementos bastantes para ser considerado un delito sobre la ordenación del territorio" como alegaba la denuncia que inició la causa.
El fiscal analizó la actuación urbanística y, tras consultar informes técnicos, consideró que "no es evidente que para la realización de una ordenación de ese espacio público, en la forma establecida por esos ejes, fuera necesaria previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM)" como sostenían los denunciantes.