Desarticulado un grupo criminal que empadronaba falsamente en Solsona a extranjeros que estaban en situación irregular


El grupo criminal cobraba entre 300 y 600 euros por la realización de cada empadronamiento y los vecinos que ofrecían su domicilio para hacerlo efectivo recibían entre 100 y 200
Los nuevos empadronados nunca llegaban a residir en el domicilio pero obtenían los beneficios sociales asociados como la tarjeta sanitaria
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Los Mossos d'Esquadra desmantelaron el pasado 17 de mayo una estructura criminal que operaba en Solsona (Lleida) empadronando falsamente a personas extranjeras que se encontraban en situación irregular. La investigación acabó con cuatro detenidos y dos denunciados, a los cuales se los relaciona con los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación de documento público.
La investigación se inició a principios del 2023 cuando los Mossos detectaron que un grupo de personas falsificaba empadronamientos de personas extranjeras en el municipio de Solsona. Los agentes averiguaron que había una organización criminal formada por varias personas que trabajaban de manera coordinada entre Manresa (Barcelona) y Solsona.
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Una persona del grupo, la que residía en Manresa, se encargaba de buscar extranjeros en situación irregular. Una vez los tenía localizados, contactaba con dos personas de Solsona que convencían a vecinos de la población para empadronar estos extranjeros en su domicilio. Finalmente, estos ciudadanos iban con la persona extranjera en el Ayuntamiento y lo empadronaban falsamente en su domicilio.
Los vecinos 'voluntarios' también cobraban
Los ciudadanos que ofrecían su domicilio recibían una compensación económica de entre 100 y 200 euros. La persona empadronada solo iba a Solsona para hacer este trámite en el Ayuntamiento, pero nunca acababa residiendo en el domicilio donde se empadronaba. De este modo, la persona que se encontraba en situación irregular conseguía tener acceso a beneficios sociales, como la tarjeta sanitaria y otras ayudas de la administración.
El grupo criminal podía cobrar entre 300 y 600 euros a las personas a las que iban a empadronar, sacando un beneficio de entre 100 y 500 euros por cada gestión.
Durante el mes de abril se detuvieron tres miembros de la organización y el pasado 17 de mayo se llevó a cabo la última detención. Por otro lado, dos miembros de la organización solo quedaron denunciados, puesto que ambos se encuentran ingresados en prisión. Los detenidos quedaron en libertad después de declarar a comisaría con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando se los requiera.