La Justicia imputa a Colau por coacciones a un fondo de inversión que se negó a realojar a unos okupas
Colau declaró en marzo por presuntas subveciones irregulares a entidades sociales
"Es un caso claro de especulación inmobiliaria", denuncian desde el Ayuntamiento
El fiscal y la jueza no vieron delito en la actuación municipal y la causa había quedado archivada
La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los regidores Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria de Vivienda por presunto delitos de coacciones y prevaricación administrativa.
La parte querellante es el fondo de inversión Vauras que acusa al ayuntamiento barcelonés de posiciones cercanas a los okupas, en el conflicto en el que el grupo inversor mantuvieron en torno a un edificio okupado por familias vulnerable, el conocido Bloc Llavors del barrio de Sants. El ayuntamiento instó a ofrecer un alquiler social a los residentes como manda la ley catalana de Vivienda, algo a lo que Vauras se negó. El ayuntamiento multó al fondo por la negativa.
La Audiencia investigará dos de los ocho delitos denunciados por el fondo
Vauras se querelló en 2020 contra Colau y otros tres cargos municipales de Barcelona en Comú por la okupación de ocho viviendas conocidas como Bloc Llavors, que es propiedad del fondo de inversión. Vauras afirmaba que los desahucios se habían suspendido cuatro veces por la violencia del movimiento okupa "con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona" e interpuso una querella por coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones contra el ayuntamiento.
La querella fue archivada ya que ni la Fiscalía ni la jueza instructora vieron delito en la actuación municipal sobre seis familias vulnerables que ocupaban el inmueble. Ahora ha sido la Audiencia de Barcelona quien discrepa de la decisión de la juez y el fiscal y cree que el conflicto debe investigarse por la vía penal. De los ocho delitos denunciados sólo admite el de coacciones y prevaricación.
Ada Colau: "No conseguirán asustarnos"
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reaccionado a la orden de la Audiencia de Barcelona con un mensaje en Instagram en el que afirma que "ningún fondo buitre ni ningún especulador conseguirán asustarnos". Lamenta que "se nos investiga por hacer cumplir la ley a petición de quien se la salta. Parece el mundo al revés".
El gobierno municipal ha tachado la decisión de "insólita" pero han asegurado que se ponen en manos de la Justicia en una causa que confían ganar.
"Hemos aplicado la legislación sobre la vivienda, que los vecinos desalojados tengan derecho a una vivienda social, algo que hacemos por convicción y por obligación legal", ha explicado el concejal de Sants - Montjuïc, Marc Serra, en rueda de prensa este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona.
"Damos explicaciones los que defendemos los derechos de los vecinos y quien debería dar explicaciones es el fondo de inversión que desaloja a familias para especular", ha añadido Serra que ha recordado que el Consistorio se ha enfrentado a "10 denuncias como esta, interpuestas por grupos de inversión, multinacionales y grupos de ultraderecha y la mayoría han acabado archivadas", ha añadido.
"Es un caso clarísimo de especulación inmobiliaria y desde aquí queremos hacer una defensa contundente de los funcionarios municipales que han hecho su trabajo de forma impecable", ha dicho la concejal de Vivienda Lucía Martín.