Barcelona y la Generalitat defenderán la ZBE con "una cadena de recursos" contra su anulación
El Ayuntamiento, el Àrea Metropolitana y el Govern han manifestado su rechazo a la sentencia, que tachan de "incoherente" e "ideológica"
Han incidido en que la ley "obliga" a los grandes municipios a establecer Zonas de Bajas Emisiones y que, por ello, "sigue vigente"
Han asegurado que la defenderán "entre todas las administraciones" para reducir las mil muertes prematuras que se producen en la ciudad
La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula la Zona de Bajas Emisiones, medida que ha reducido en un 11 % los niveles de dióxido de nitrógeno en la ciudad. Las administraciones del Àrea Metropolitana afectadas se coordinarán para presentar "una cadena de recursos" al entender que contradice la legislación catalana, española y europea.
Lo ha anunciado la teniente de alcalde Janet Sanz acompañada de la también teniente de alcalde Laia Bonet, el regidor de Emergència Climàtica Eloi Badia, el director general de Qualitat Ambiental de la Generalitat Marc Sanglas y el director del área de movilidad del Àrea Metropolitana de Barcelona Joan Maria Bigas para representar el "gran consenso de protección al derecho de la salud".
La sentencia afecta al mecanismo impulsado en Barcelona, por lo que, de momento, tan solo el Ayuntamiento y la Generalitat pueden recurrirla (la entidad Àrea Metropolitana de Barcelona no está habilitada para ello). Lo harán con un recurso de cassación en un plazo máximo de 30 días, siendo este el plazo en el que la orden será firme.
No obstante, creen que próximas sentencias también anularán la ZBE en los otros tres municipios en los que se extienden, Santa Coloma de Gramanet, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià de Besòs. Cuando así sea, prevén que sus administraciones también recurran.
Contraria a la legislación catalana, española y europea
Sanz ha manifestado su "sorpresa" ante una decisión judicial que incluye, a su juicio, "graves incoherencias" y "más elementos políticos e ideológicos que jurídicos".
La tenienta de Urbanismo ha recordado que "la legislación catalana prioriza el derecho a la salud" mientras que "la legislación estatal con la Ley del Cambio Climático obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a hacer zonas de bajas emisiones". De hecho, Madrid ya multa a los vehículos más contaminantes que acceden a su ZBE.
Por su parte, "la legislación europea con la directiva de Calidad del Aire también lo obliga con una sentencia que está a punto", ha insistido Sanz, que ha recordado que las sanciones europeas por no cumplir con los requisitos de calidad del aire alcanzan los 1.600 millones de euros.
Precisamente, Marc Sanglas, director general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, ha anunciado un recurso de casación contra la sentencia al entender que "va más allá de lo que corresponde a un análisis jurídico". "Algunos de los párrafos van en contra de lo que indican las autoridades europeas", por lo que ha confiado en que "este modelo seguirá siendo avalado por instancias europeas".
Sigue vigente y la defenderán "entre todas las administraciones"
Para Sanz, la Zona de Bajas Emisiones es una medida "no solo obligatoria legalmente" sino también "necesaria y urgente para garantizar el derecho a la salud ante las 1.000 muertes prematuras que sufre la ciudad". La ZBE ha evitado 600.000 desplazamientos de vehículos contaminantes, algo que ha permitido disminuir el dióxido de nitrógeno en un 11 %.
Por ello, las administraciones han asegurado que la ZBE "sigue vigente" y que la defenderán "entre todas".
La también regidora de Movilidad Laia Bonet ha defendido "medidas que comportan restricciones y que son imprescindibles" en el camino hacia la transición ecológica, en sus propias palabras: "Queremos hacerlo y la normativa nos obliga, que quede claro".
Sobre la reflexión del juez que valora que los ciudadanos con menos recursos se ven perjudicados por la ZBE al no poder comprar otro vehículo, Bonet ha recordado que la administración ya estableció moratorias al comienzo de la medida para facilitar la adaptación de los conductores.
Por su parte, el regidor Eloi Badia ha criticado el "desconocimiento" del tribunal ya que "la realidad de estas personas es que no tienen vehículo y su normalidad es usar modos de transporte que son sostenibles". También ha recordado que la medida ha ido acompañada de "uno de los planes Renove más importantes del Estado".