Los 18 independentistas a los que el CNI espió y los motivos del juez para autorizarlo

Siguen trascendiendo informaciones sobre el escándalo de espionaje a políticos independentistas, un caso con aún más incógnitas que certezas y que ha provocado la destitución de Paz Esteban, la hasta ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La agencia estatal infectó los móviles de Pere Aragonès, Jordi Sànchez, Gonzalo Boye y 15 independentistas más con autorización del juez por su amistad con Carles Puigdemont y sus vínculos con partidos y plataformas, según La Vanguardia.

Pere Aragonès, Jordi Sànchez, Elisenda Paluzie, Marcel Mauri, Jordi Bosch, Gonzalo Boye, Joan Matamala, Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell, Elsa Artadi, Albert Batet, David Bonvehí, Marc Solsona, Carles Riera, Sergi Miquel, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives son los 18 independentistas espiados que se atribuye el CNI. Se trata de cargos del Govern, diputados, activistas, abogados y empresarios.

Estos aparecen en la lista que Paz Esteban entregó a la comisión de secretos oficiales; un documento que en realidad incluye 25 personas, pero los nombres de siete de ellos están tachados. Del resto de independentistas supuestamente espiados (en total hay una sesentena recogidos en el informe de CitizenLab), la agencia que ahora dirige Esperanza Casteleiro no ha dicho nada.

"En ninguna democracia se espían las negociaciones entre formaciones políticas. Ni las estrategias de defensa jurídica", ha reaccionado el propio Puigdemont en redes sociales, mientras que el espiado Batet ha lamentado: "Un juez lo avaló simplemente por mi proximidad con el president Puigdemont y para obtener informaciones sobre estrategias y negociaciones políticas. Es una barbaridad monumental. Esto es propio de una dictadura".

La lista de Esteban adjunta las razones que se esgrimieron para que el juez autorizara las infecciones a sus teléfonos móviles. Al actual president Aragonès, entonces vicepresident del Govern, el CNI lo consideraba "coordinador de los CDR", mientras que pidió espiar a Alay, director de la oficina de Puigdemont, por sus viajes a Rusia para supuestamente conseguir apoyos a la causa independentista y al empresario Matamala por su apoyo financiero al expresident.

De la exconsellera de Presidència Artadi, del presidente del grupo parlamentario Junts Batet, de los dirigentes del PDECat Bonvehí y Solsona, y del diputado de la CUP en el Parlament Riera, valoraron sus contactos y reuniones en Waterloo con Puigdemont; a este último, también su relación con los CDR. Mientras tanto, la autorización judicial para espiar a Boye, abogado del expresident, lo vincula con ETA, entre otros argumentos.

En el terreno del activismo y siempre según informaciones de La Vanguardia, el CNI recibió autorización para espiar a Paluzie (presidenta de la Assemblea Nacional Catalana ANC) en plena ola de protestas por la sentencia que llevó a la cárcel a los dirigentes catalanes en octubre de 2019; volvió a infectar su móvil después, cuando la entidad celebraba elecciones.

Por su parte, los ataques al dispositivo de Marcel Mauri (vicepresidente de Òmnium Cultural) coinciden con sus visitas en prisión al ahora indultado Jordi Cuixart. También con sus reuniones con el grupo de trabajo de la ONU que pidió la libertad de los presos. Otro miembro de la junta de Òmnium fue espiado, Jordi Bosch, él por sus sus relaciones con ERC, Comunes, CUP y ANC.

Sobre el empresario y exdiputado de ERC Xavier Vendrell, el juez señala su posible papel en la dirección de la plataforma organizadora de los altercados por la sentencia del procés Tsunami Democràtic; de hecho, todavía tiene una causa abierta por ello.

Jordi Baylina, Sergi Miquel, Pau Escrich y Xavier Vives son los empresarios tecnológicos que cierran la lista. A todos se les relaciona también con Tsunami y los tres últimos, además, desarrollan tecnología que permite votaciones electrónicas. Vives fue atacado con Candiru, otro programa de espionaje similar a Pegasus.